Institución e impunidad en tiempos de internas

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Las internas coloradas atraviesan todo el espectro político nacional haciendo crujir el manejo institucional.

El presidente Horacio Cartes desde finales de la semana pasada se calzó el overall y empezó abiertamente a hacer campaña en favor de los candidatos del oficialismo. Ahora no solo acompaña a Pedro Alliana, su delfín para presidir la Junta de Gobierno, sino que recorre sin descanso el interior para apoyar a los candidatos a intendente.

El Jefe de Estado hace sentir el poder del oficialismo y utiliza buena parte de la estructura estatal para mostrar obras que generen entusiasmo en los municipios.

A mitad semana estuvo con su ministro de Obras en Paraguarí y Cordillera para verificar los trabajos y dar una mano a los candidatos mostrándose con ellos. Días antes estuvo en Capiatá, el feudo del senador disidente Derlis Osorio en el departamento Central. Allí ordenó que el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas abra caminos en los alrededores de un asentamiento, prometió construir casas en un corto tiempo y se esmeró en mostrarse al lado de los candidatos a intendente y concejal del oficialismo.

Este tipo de recorridos se suceden en el día a día de Cartes, pero también mantiene reuniones reservadas en distintos puntos del país para verificar cómo van los candidatos del oficialismo. Donde se pueda se presentan obras ante los medios, donde no hay nada que mostrar se opera con los punteros para apuntalar al candidato.

En su intención de ganar y construir una base política propia, el presidente Cartes trabaja al límite; poniendo en riesgo su cuidada imagen que busca diferenciarlo de los modos de la antigua política.

En la disidencia colorada, los apuros son otros. La pelea no necesariamente se extiende a los municipios o a la presidencia del Partido Colorado. Los 15 senadores disidentes trabajan para consolidar su espacio en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia. Eso les asegura mantener la presión sobre el Gobierno y pensar en un futuro político de cara al 2018.

La pelea por la presidencia de la Junta de Gobierno y las intendencias están en un claro segundo plano.

Al menos por un año, el manejo del Congreso está asegurado. Ahora necesitan cumplir con los compromisos con la oposición. Solo así mantendrá el bloque y tendrán capacidad de presión.

Eso explica que en los últimos días casos sensibles que podrían afectar al Gobierno empezaron a moverse en la Corte Suprema de Justicia. En un intercambio de favores, los miembros que tienen pendiente un juicio político en el Senado operan en favor del bloque opositor. Así aseguran su continuidad.

En el proceso por helicópteros que involucra al exministro Rafael Filizzola, esposo de la senadora opositora Desirée Masi, repentinamente el ministro Sindulfo Blanco admitió una acción de inconstitucionalidad. Filizzola hace casi dos años trata de evitar el proceso, ahora con esa acción podría lograrlo.

En otro caso, donde Petropar es parte, también se están revisando sentencias para reponer a funcionarios destituidos por este Gobierno.

Son tiempos difíciles para la República. El enfrentamiento colorado excede los límites del sano juego democrático llevando al país al borde del abismo. Se utilizan las instituciones para apoyar candidatos o entregar impunidad a los aliados.