La integridad del gobierno es un precioso bien en cualquier país del mundo. Implica el pleno funcionamiento del Estado de Derecho por el cual gobernantes y gobernados son iguales ante la Constitución y las leyes. La integridad del gobierno no es una mera declamación. Tiene efectos reales sobre la economía y la política, la pobreza y la marginalidad.
De manera a comprender acerca del significado de la integridad del gobierno, es preciso reconocer que la actividad del Estado está revestida de coerción; esto es, la acción por el cual se impone un castigo o pena. Este es el motivo por el cual los gobernantes solo pueden hacer lo que está previamente autorizado. Esta es una regla jurídica y moral de la civilización que impide a los que ocupan cargos –administrativos o electivos– meter sus manos en el presupuesto e igualmente prever de sus posibles conductas arbitrarias.
No se equivocaron los filósofos políticos liberales cuando advertían acerca de controlar y dividir el poder para preservar la libertad y la propiedad. Si los que dirigen los órganos del Estado, desde la administración central y la descentralizada, no proceden de acuerdo a la integridad expresada en aquel principio de legalidad, pronto las decisiones políticas se caracterizan por el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, la prevaricación, el nepotismo, la malversación, el robo y cualquier otra maniobra que pueda existir valiéndose de las mayorías y la impunidad. Surge así la política sectaria debido a que por medio de la coerción se beneficia un sector e inexorablemente se perjudica a otros.
La política sectaria de modificar las reglas de juego del imperio de la ley, se constituye en desvío de recursos, tanto humanos como financieros. En Paraguay, no resulta extraño que pese a que en todos estos años la administración de justicia ha venido contando con multimillonarios recursos a distribuir, el resultado no se ha traducido en eficiencia, celeridad y transparencia. La gente siente y se percata de las maniobras inficionadas de podredumbre en los expedientes y juzgados.
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El daño por la falta de integridad de los gobiernos recae sobre toda la población, sin embargo, los que cuentan con recursos subsisten y se defienden. El daño mayor se desploma con más peso sobre las escuálidas espaldas de los pobres y desamparados, los que de manera diaria se rebuscan para obtener un plato de comida o una mínima atención de salud; los verdaderos pobres.
El costo por el mal servicio de justicia tiene efectos desastrosos en las condiciones de vida de la gente y todavía más sobre los menesterosos. Pero esta notoria ineficiencia y corrupción en la administración de justicia no se circunscribe al Poder Judicial. Se debe a la intensa y temida influencia de políticos y gobernantes cuyas perversas influencias provienen desde el mismo Ejecutivo y Legislativo.
Mientras las “motivaciones” políticas coyunturales sigan siendo en grado de prelación superiores a la vigencia y respeto del Estado de Derecho –en el que gobernantes y gobernados son iguales ante la ley– la integridad de cualquier gobierno se refleja en la pobreza y la marginalidad de la población.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.