Luego de ocho años de que la Contraloría General de la República (CGR) presentara un pedido de intervención en el Poder Ejecutivo y que fuera rechazada por la Cámara de Diputados en el 2011, surge una nueva solicitud del concejal colorado Nery Quiñónez. El edil afirma que el intendente Albino Ferrer (colorado cartista) cometió lesión de confianza y corrupción.
La Ley 317, que reglamenta la intervención, refiere que no hacen falta pruebas fehacientes, como quieren hacer creer concejales “cómplices” y fieles a Ferrer, sino bastan las sospechas o indicios porque la intervención es para abrir una investigación por un equipo que debe designar el Poder Ejecutivo.
El pedido presentado por el edil Quiñónez debe ser aprobado por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Municipal, es decir, siete votos de doce concejales. Pero, los legisladores municipales optaron por dilatar la resolución, pese que los ciudadanos también vienen exigiendo desde hace años.
Pretenden contratar una auditoría externa con lo que a todas luces quieren ganar tiempo para blanquear a Ferrer y para enfriar el pedido de intervención. Los ediles nunca cumplieron a cabalidad su rol de contralores, función que le exige la Ley Orgánica Municipal.
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Los ediles (6 colorados, 4 liberales, 1 del PRF y 1 de Juntos Podemos), que perciben unos G. 25 millones al mes cada uno para representar al pueblo, hacen la vista gorda ante la pésima gestión de Ferrer que ya lleva 12 años en el cargo. En ese tiempo, de humilde chipero y lustrabotas (como el mismo se definió) es ahora un potentado y la ciudad la mantiene en ruinas. “El que nada debe, nada teme”, dice el refrán y es oportuno para el caso de Ferrer y los concejales leales.
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