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Resulta lamentable que los concejales, quienes cobran G. 18 millones en forma mensual, en concepto de dietas y gastos de representación, admitieron con total desparpajo que “no leyeron”, el contrato, antes de autorizar al intendente, Luis Aguilar (PLRA), para la firma. Asimismo, el jefe comunal ni corto ni perezoso se animó a brindar todos los detalles del acuerdo a la ciudadanía.
El leonino contrato firmado por el intendente Luis Aguilar y Afara Salomón era supuestamente por “asesoramiento, promoción y gestión”. Las partes acordaron que el empresario debía pagar G. 2.600 millones por la explotación de las playas públicas, de los cuales G. 500 millones debían ser en efectivo; inversiones en infraestructura física no especificada por G. 1.000 millones y la organización de eventos por G. 1.100 millones.
Pero más llamativo es que el primer pago en efectivo, que iba a recibir la Comuna, de G. 250 millones, iba a ser recién en abril de 2021 (uno año después de que termine la gestión de Aguilar). Mientras que el saldo se pagaría en dos cuotas de G. 125 millones, pagaderos en 2022 y 2023.
En la audiencia pública convocada ayer por el intendente Aguilar, los pobladores reclamaron que no se haya informado antes sobre el contrato y sus consecuencias. Las condiciones desfavorables para la Municipalidad con la forma de pago pactada, entre otros puntos. Así como la falta de transparencia demostrada al no haber realizado un llamado a licitación.
Lo sucedido debe ser un llamado de atención para los pobladores de San Bernardino, quienes deben exigir más que nunca transparencia a sus autoridades comunales. Además, de estar atentos porque capaz muy pronto aparezca otro proyecto similar.
desire.cabrera@abc.com.py