Los datos hablan con crudeza. Por un préstamo otorgado en el año 1975, de US$ 3.566 millones y reestructurado en el año 1997, en US$ 16.225 millones, Itaipú abonará en el 2023 la friolera de US$ 45.631,5 millones.
Para el notable economista Jeffrey Sachs, del Columbia Vale Center, todo el pasivo de la binacional hidroeléctrica ya fue suficientemente honrado en el 2008.
Entretanto, las cuotas que se pagarán hasta el año 2023, unos US$ 2.000 millones anuales, gestionados con ahínco por los directores ejecutivos técnico y financiero brasileños, son el tributo de Itaipú para subsidiar a la Eletrobrás.
Por otro lado, la estatal brasileña está demandada por sus accionistas por problemas de corrupción. Según un documento judicial, en agosto de 2015 un inversor de la Eletrobrás presentó una demanda en Estados Unidos acusando a la mayor compañía eléctrica de Brasil y a tres de sus ejecutivos de estar involucrados en un escándalo de sobornos, que infló los precios de las acciones artificialmente.
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Una vez más quedaba de manifiesto la escasa vocación de integración que anima a la política exterior de los gobiernos brasileños, en consonancia con su imperial vocación de la política de los hechos consumados.
Cabe recordar que en el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 junio de 1966 se logró conciliar los mutuos intereses relacionados con la explotación hidroeléctrica del río Paraná.
Resuelto el subterfugio del condominio del Salto del Guairá, se acordó que la energía eléctrica producida por el río Paraná sería repartida en partes iguales entre los dos países. El excedente de la energía no consumida por el Paraguay sería cedida, preferentemente, al Brasil por un precio justo, salvo una mejor oferta que pudiera proponerse. Ello le garantizaba al Paraguay la libre disponibilidad de su electricidad o su soberanía energética.
Lamentablemente para el Paraguay, en el Tratado de Itaipú de 1973 se entregó al Brasil la binacional hidroeléctrica. El Gobierno paraguayo del general Stroessner y sus pusilánimes negociadores no se animaron a hacer respetar los términos del acuerdo de 1966.
El documento del 26 de abril de 1973, que creaba “…en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada Itaipú…”, redactado a la medida de los intereses brasileños, fue muy festejado por el periodista Murilo Melo Filho. El reportero de la revista Manchete lo calificó como “una victoria bien brasileña”.
Para concretar la entrega de Itaipú al Brasil se modificaron cláusulas esenciales del Acta Final. Entre ellas:
- El derecho de preferencia, reconociendo a las partes la adquisición de la energía no utilizada, fue sustituido por el derecho de adquisición.
-El justo precio que debía abonarse por la energía cedida fue reemplazado por una compensación.
-Del pago de la compensación, asegurando la gratuidad de la energía cedida a la Eletrobrás, se le responsabilizó a Itaipú.
-Finalmente, la autorización a las Altas Partes Contratantes para asumir protocolos adicionales y actos unilaterales, más otras medidas relacionadas con los aspectos de policía y seguridad, para asegurar al Brasil su intervención en la margen derecha.
Se completaba el timo en la Nota Reversal Nº 7, que organizaba el Directorio Ejecutivo. A cada director brasileño, seis en total, correspondía un director adjunto paraguayo, con voz pero sin voto.
Es posible que los representantes oficialistas del Congreso Nacional, como es costumbre, no hayan estudiado a profundidad el Tratado que ratificaron o tal vez pudo más el temor de desviarse del libreto impuesto desde la cúspide del poder. Todo lo que se conquistó en el Acta Final naufragó en el Tratado de Itaipú. ¿Cobardía, pusilanimidad?
Está visto que el pretexto de la “Seguridad Nacional” para tan deleznable abdicación, aplicada como razón de Estado, pudo más. De otro modo no tiene explicación porque se aprobó tanta nulidad que declinaba la soberanía nacional.
Cuarenta y cuatro años después (1973-2016), el Paraguay solo pudo aprovechar el 7,2% de la explotación hidroeléctrica de Itaipú. Por la energía, hasta hoy cedida (comparable a dos producciones anuales de Yacyretá), valorado en el mercado brasileño en unos US$ 85 el megavatio hora, el país apenas recibió por cada unidad exportada US$ 3,2 el megavatio hora.
Esa es la medida de la asimetría y del repetido fraude en Itaipú al Paraguay.
II En coincidencia con la razón de Estado, esgrimida por los entregadores del la principal riqueza del Paraguay, Carlos Mateo Balmelli, exdirector paraguayo de la binacional, nos advertía recientemente que “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó y sustrajo riquezas de otro constituye un desaguisado al cual se apela cuando se está en condiciones de poder llevar el uso de la fuerza a la práctica” (BALMELLI, Carlos. 2011. Ed. Santillana S.A. Itaipú, una reflexión ético-política sobre el poder, p. 192). Estaba visto que sigue latente el temor.
Por otro lado, en el año 2005, sin aprobación parlamentaria, el presidente Nicanor Duarte Frutos, la canciller Leila Rachid y el embajador brasileño acreditado en Paraguay ratificaron en la Nota Reversal Nº 1, como componentes permanentes de la actividad de generación de energía, las iniciativas de responsabilidad social y ambiental desarrolladas por la Itaipú Binacional.
Así se añadió a la misión de Itaipú tareas ambientales y de responsabilidad social. Los fondos sociales, como parte del Costo del Servicio de Electricidad, nunca formaron parte del Anexo C.
Habida cuenta de que Itaipú tiene prohibido obtener lucros, se trataba de una singular excusa, para encubrir en el fondo social los beneficios provenientes de la comercialización de la energía adicional a la garantizada.
Para los directivos de Itaipú la irregularidad fue el triunfo que los empoderó para la asunción de responsabilidades más propias de un Estado nacional que el de una fábrica de hidroelectricidad.
En ese afán, la entidad binacional construye viviendas sociales, reparte ambulancias y becas estudiantiles. De paso, costea al oficialismo sus campañas políticas.
Con la complacencia interesada de los gobiernos de Brasil y Paraguay, quedaba en evidencia la burda conspiración contra los Estados condóminos. Una conjura orquestada para exprimir Itaipú.
El hecho no está lejos del descomunal escándalo que agobia a la Odebrecht, el conglomerado brasileño de la construcción y a la JBS SA, el mayor frigorífico de Latinoamérica. La secuela de la corrupción de estas gigantescas industrias hoy le tiene en prisión preventiva al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y a Ollanta Humala (2011-2016). Seriamente comprometidos, viven aterrados, Alan García (1985-1990; 2006-2011), Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016). La frondosa lista incluye al actual presidente brasileño Miguel Temer (2016).
Mientras, con la actitud cómplice de nuestras venales autoridades, se sigue humillando al pueblo más valiente de América: el glorioso pueblo paraguayo.
juanantoniopozzo@gmail.com