Ya en aquel alumbramiento, nuestro sistema democrático nacía bajo la sombra de un pasado autoritario y con la amenaza de una regresión representada en la presencia de un actor político que daría luego que hablar durante varios años: el Gral. Lino César Oviedo.
Desde el principio, también se instaló en el sistema un enemigo escurridizo, con varios rostros y de distintos colores partidarios, que pretendía y pretende ser anónimo e impune: la corrupción.
Por ambición o incapacidad o deshonestidad o falta de patriotismo (o por todo eso junto), cada presidente de la República y sus respectivos equipos que pasaron por el poder fueron sobrepasados o directamente vinculados con la corrupción.
En la mayoría de los casos, esos mismos equipos se involucraron y se enriquecieron a través de la corrupción, contando con la inestimable ayuda de la impunidad campante que siguió y sigue dejando hacer, libremente.
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El gobierno que asumirá en menos de 45 días, como aquel de 1993, también nace con la amenaza de tutelajes. Esta vez, no de un autoritatismo de corte militar sino de otros más sutiles, pero tanto o más peligrosos.
La administración que se está yendo aplicó la novedosa técnica de desentenderse totalmente de la institucionalidad durante este periodo, creando una administración casi paralela y “tercerizando” el manejo de la mayoría de las instituciones claves.
Llegado el caso y por la necesidad de guardar las formas, pretendió utilizar a las instituciones y la misma Constitución a su antojo, sea para continuar en el poder o realizar negocios particulares.
Tras la derrota electoral interna, el cartismo planteó al ganador, Abdo Benítez, un acuerdo para hacer una campaña electoral conjunta que funcionó a medias.
Hasta ahora, los dirigentes cartistas pretenden hacer creer que Abdo Benítez ganó las elecciones gracias a esa “unidad”, cuando en realidad muchos creen que el acercamiento a Cartes fue el que puso en riesgo una victoria del candidato que las encuestas anunciaban mucho más holgada.
Cartes y los cartistas pretendieron luego hacer extensivo este pacto de no agresión a cuestiones que le interesan en forma particular, como la aprobación de la renuncia del presidente y su posterior juramento como senador, cuestiones reñidas con la Constitución, cuyo costo político salpicarán al futuro gobierno.
Es obvio que también pretenden que este presunto pacto incluya hacer la vista gorda a todos los hechos ilegales que se cometieron en este periodo que termina, dentro de los cuales caen millonarios negocios para el mandatario y sus “amigos”.
El desafío para Abdo Benítez será el de mantenerse prescindente, como lo hizo con la cuestión de la renuncia de Horacio Cartes o, tal vez mejor, instar al Ministerio Público y a la Justicia Ordinaria a que actúen como deben hacerlo.
Existen fundadas razones para pensar que fiscales vendidos, jueces corruptos y/o pusilánimes facilitarán la impunidad de estos personajes del gobierno que ahora pretenden poner condiciones a las nuevas autoridades, a las instituciones del país y a la ciudadanía.
Ante esa posibilidad cierta, evitar que burlen el castigo que merecen, evidentemente, seguirá dependiendo de la presión que ejerzan la ciudadanía y los medios de comunicación.
Estos mecanismos, unidos en algunos casos a la presión internacional, han demostrado, en la práctica, ser quienes pueden frenar las ambiciones de gente cuya caradurez y falta de escrúpulos casi no tienen límites.
mcaceres@abc.com.py