Supongamos que pagan sus deudas (no sabemos ni quiénes ni cuántos son los deudores, ni cuáles ni cómo y en qué se contrajeron tales deudas, porque sus líderes no quieren dar esa información). Muy bien, ya pagaron las deudas, ¿y después…?
Las tendencias actuales de la economía demandan cada día con más rigor cambios radicales en los modos de trabajar y producir en todos los sectores, en agricultura, ganadería, industria, comercio, servicios, etc. La mecanización, las tecnologías en general, la robótica, la inteligencia artificial van desplazando la “mano de obra” y a cuantos trabajan con modos y medios tradicionales. Si los campesinos no son ayudados para actualizar su modo de trabajar, producir y comercializar, apoyándoles con formación y capacitación técnicas actualizadas, por más dinero que se les dé para pagar deudas, seguirán deslizándose en la vertiente de la pobreza progresiva. Mientras persistan en permanecer cada uno separadamente produciendo en unidades pequeñas de explotación, sus productos y baja productividad no podrán competir en los mercados y el margen de beneficio será tan escaso que no podrán satisfacer las necesidades de mayor educación, formación y capacitación de sus hijos.
Lo que hace sospechosa esta ley de subsidio para las deudas de los campesinos, además de la “no transparencia” en la información que la fundamente (a la que aludí anteriormente), es que políticos y legisladores teniendo a mano la Constitución Nacional y la Ley General de Educación que tratan de la obligada asistencia técnica a los campesinos, en vez de ponerlas en marcha, satisfacer los derechos y dignificar a los campesinos, se inventen una ley que los deja en situación de mendigos.
Fui el redactor del borrador del texto de la ley General de Educación (1264/98), con la suerte de estar asesorado por los doctores Raúl Sapena Brugada y José Altamirano, y en la Bicameral de Educación de entonces encontré apoyo excelente, especialmente del senador José Félix Fernández Estigarribia, y se logró aprobar el artículo 79 dedicado a la Educación campesina y rural, que dice así: “Las autoridades educativas nacionales, departamentales y municipales proveerán un servicio de educación campesina y rural formal, informal y refleja. Se buscará la educación del hombre campesino o rural y la de su familia ayudándole a su capacitación como agente activo del desarrollo nacional. Este servicio buscará mejorar el nivel y calidad de la vida, sus condiciones humanas, ecológicas, de vivienda y trabajo. Se desarrollará la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, industriales, agroindustriales y otras”.
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Este artículo responde al imperativo artículo 78 de la Constitución Nacional (1992) que dice: “El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica, a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional”.
El Ministerio de Trabajo con el SNPP y otros programas aterriza el artículo 78 de la Constitución. El Ministerio de Educación, antes de Cultura, ahora de Ciencias, no ha programado el artículo 79 de la Ley General de Educación. Para las autoridades departamentales y las municipales el artículo 79 de la Ley General de Educación debe ser un total desconocido y no parece que los líderes campesinos, los políticos y legisladores se hayan interesado en recordárselo.
¿Cómo no sospechar de las intenciones de una ley de subsidio que prefiere imponer un Estado limosnero, que trata como mendigos a los campesinos y los deja dependientes del Estado, en vez de urgir el cumplimiento de la ley y la Constitución, que los hace “agentes activos del desarrollo nacional”, los dignifica, promueve su crecimiento personal, la actualización de sus competencias profesionales y extiende la formación y capacitación a la familia y se compromete legalmente a mejorar sus condiciones de vida, vivienda y trabajo? ¿Será que se busca mantener en pobreza y dependencia con paternalismo ideológico?
jmonterotirado@gmail.com