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Los fundamentos de leyes positivas sobre la competencia están basados en falacias de autoridad o creencias de ideologías caducas, por ejemplo, que todos los países desarrollados tienen una, o que la formación de monopolios puede darse desde el sector privado no regulado.
Estos mismos fundamentos han dado nacimiento a la obstaculizadora ley Sherman de los Estados Unidos, que en más de cien años de vigencia, ha demostrado su total desfasaje y ha castigado sistemáticamente el éxito en este país.
En abierta contradicción con lo que pretende "proteger" la referida ley de Defensa de la Competencia en Paraguay, pretende regular la actividad económica, creando gigantescas burocracias para el efecto, lo que riñe abiertamente con el principio de la libertad de competencia, como el Instituto de Defensa del Consumidor (Indeco), Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Dirección Nacional de Investigación y Promoción (DNIP), todas ellas con atribuciones basadas en creencias cuasi-religiosas del marxismo, como la predación de precios, alza y baja artificial de precios o la concentración de empresas. Todas estas superadas hasta en el estudio histórico de la economía.
Está demostrado claramente que los monopolios solo pueden formarse desde el Estado. Es decir, justamente una ley que pretende regular la competencia es la que daría nacimiento a monopolios, con el agravante del alto costo económico que esto importa, pues se crean dependencias estatales a ser soportadas por los contribuyentes del país.
Son las leyes concesionarias, aranceles a la importación, control de precios y otras prácticas exclusivas de un ente estatal las que posibilitan el nacimiento de monopolios y oligopolios, pues privilegian a determinados sectores pseudo empresariales. Es imposible que puedan darse estas mismas situaciones sin un poder que otorgue privilegios en la economía, como pretende la referida ley.
Consideramos altamente oprobioso que instituciones públicas deban decidir sobre situaciones de mercado que se autorregulan naturalmente violando el derecho de la propiedad privada, en el sentido de pretender que los propietarios de mercaderías deban vender por encima de precios fijados de antemano, juzgar conductas supuestamente anticompetitivas u obligarlos a vender o a participar en acuerdos bajo la excusa del interés general.
Finalmente, el análisis errado nuevamente se centra en tomar como sujeto de esta ley a los oferentes, desconociendo el derecho de los consumidores de ser quienes elijan en el mercado, tratándolos como simples piezas del engranaje económico, encasillándolos en porcentajes, calificándolos de cuotas o clientelas que se puedan repartir, como si fueran vacunos incapaces de tomar decisiones propias.
Exhortamos a la gente a expresarse y conocer sus derechos, los que sistemáticamente están siendo avasallados por ingenieros sociales que creen saber más que los millones de seres humanos que componen el mercado. La mejor ley de la competencia, idéntica a la mejor ley de prensa: es la que no existe.
* Senador nacional y presidente de la Fundación Libertad
Estos mismos fundamentos han dado nacimiento a la obstaculizadora ley Sherman de los Estados Unidos, que en más de cien años de vigencia, ha demostrado su total desfasaje y ha castigado sistemáticamente el éxito en este país.
En abierta contradicción con lo que pretende "proteger" la referida ley de Defensa de la Competencia en Paraguay, pretende regular la actividad económica, creando gigantescas burocracias para el efecto, lo que riñe abiertamente con el principio de la libertad de competencia, como el Instituto de Defensa del Consumidor (Indeco), Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Dirección Nacional de Investigación y Promoción (DNIP), todas ellas con atribuciones basadas en creencias cuasi-religiosas del marxismo, como la predación de precios, alza y baja artificial de precios o la concentración de empresas. Todas estas superadas hasta en el estudio histórico de la economía.
Está demostrado claramente que los monopolios solo pueden formarse desde el Estado. Es decir, justamente una ley que pretende regular la competencia es la que daría nacimiento a monopolios, con el agravante del alto costo económico que esto importa, pues se crean dependencias estatales a ser soportadas por los contribuyentes del país.
Son las leyes concesionarias, aranceles a la importación, control de precios y otras prácticas exclusivas de un ente estatal las que posibilitan el nacimiento de monopolios y oligopolios, pues privilegian a determinados sectores pseudo empresariales. Es imposible que puedan darse estas mismas situaciones sin un poder que otorgue privilegios en la economía, como pretende la referida ley.
Consideramos altamente oprobioso que instituciones públicas deban decidir sobre situaciones de mercado que se autorregulan naturalmente violando el derecho de la propiedad privada, en el sentido de pretender que los propietarios de mercaderías deban vender por encima de precios fijados de antemano, juzgar conductas supuestamente anticompetitivas u obligarlos a vender o a participar en acuerdos bajo la excusa del interés general.
Finalmente, el análisis errado nuevamente se centra en tomar como sujeto de esta ley a los oferentes, desconociendo el derecho de los consumidores de ser quienes elijan en el mercado, tratándolos como simples piezas del engranaje económico, encasillándolos en porcentajes, calificándolos de cuotas o clientelas que se puedan repartir, como si fueran vacunos incapaces de tomar decisiones propias.
Exhortamos a la gente a expresarse y conocer sus derechos, los que sistemáticamente están siendo avasallados por ingenieros sociales que creen saber más que los millones de seres humanos que componen el mercado. La mejor ley de la competencia, idéntica a la mejor ley de prensa: es la que no existe.
* Senador nacional y presidente de la Fundación Libertad