Contra todo pronóstico, la Contraloría emitió un dictamen que recomienda cancelar la licitación que tenía como segura ganadora a la empresa española Sacyr, ya beneficiada con otro contrato de alianza público privada (APP) para duplicar las Rutas 2 y 7. En los tres meses que duró la auditoría diversas fuentes habían advertido que la Contraloría iba a tratar de “suavizar” el informe para aminorar el impacto que representaría la confirmación de todos los hechos denunciados, y que tuvieron como artífices a altos funcionarios de la cartera de Obras Públicas. Si esto fue así, si hubo un interés por contener la presión del torrente de verdades dilucidadas en el dictamen, de igual forma la corriente cayó con tanta fuerza que sus protagonistas hasta hoy no logran recuperarse y, sencillamente, optaron por llamarse a silencio.
Y fue contra todo pronóstico, porque el contralor Enrique García está salpicado por el grave caso de perjuicio patrimonial en el tema Ivesur a la Municipalidad de Asunción, donde se desempeñó como asesor jurídico antes de ser contralor. Semanas atrás, mientras teóricamente sus auditores continuaban elaborando el dictamen para el aeropuerto, la Fiscalía le allanó a él su exoficina en la Comuna, lo que muchos interpretaron como un mensaje claro y contundente.
Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) incurrió en una serie de maniobras para favorecer a la empresa española Sacyr y entregarle el aeropuerto por 30 años es un hecho comprobado por la Contraloría. Que funcionarios del MOPC fabricaron un dictamen que viola el Pliego de Bases y Condiciones es un hecho comprobado, también. Que la Comisión de Evaluación examinó ofertas de consorcios que, ahora sabemos, nunca debieron competir, es otro hecho comprobado por el ente contralor. Ahora bien, hay otros hechos que no están plasmados en el informe y que subyacen tras él.
El primero y fundamental es que la principal herramienta para modernizar el país, la APP, hoy es un instrumento que genera desconfianza. En segundo lugar, que se gastaron un año en elaborar un pliego defectuoso y otro año en evaluar ofertas que debieron ser descartadas desde el inicio. Por último, la soberbia con que se han respondido las denuncias, cuando ahora resulta que siempre estuvieron justificadas. Lo menos que se puede esperar es que la autoridad máxima del MOPC, el ministro Ramón Jiménez Gaona, destituya a los funcionarios que participaron en la redacción de ese pliego y que luego colaboraron en las maniobras para favorecer a Sacyr, si es que él espera desmarcarse de las irregularidades.
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En su momento, la gran desconfianza pública sobre el manejo de este proyecto fue respondida por sus impulsores con tanta arrogancia que se dejó entrever en ella un gran interés personal oculto; eso ya le tocará al Ministerio Público investigar. Mientras, la población seguirá padeciendo un aeropuerto desfasado en el tiempo porque la oportunidad para modernizarlo se perdió tras oscuros intereses particulares de funcionarios que olvidaron construir confianza antes que un aeropuerto a cualquier precio.
Dice Rudyard Kipling, en su famoso poema “Si”, que el triunfo y el fracaso son dos impostores, y que como tales merecen ser tratados de la misma forma. Pues bien, ese impostor que hoy es el fracaso de uno de los mayores proyectos de infraestructura que tenía el MOPC, el de la modernización de la puerta de entrada al país, podría ser el punto de partida para procesos que en adelante sí se conduzcan con transparencia y seriedad, ya no solamente en el discurso.
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