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Solo en los últimos días la “justicia”, por llamarla de alguna manera, ha reabierto facultades y carreras de más de media docena de universidades de garaje que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) había cerrado por no cumplir con los requisitos mínimos.
Entre las facultades y carreras reabiertas figura nada menos que medicina, lo que no solo atenta contra la educación, sino contra la salud y la vida de los ciudadanos que tengan la desgracia de caer en manos de algún matasanos habilitado por un título trucho de una universidad de garaje.
Hildegardo González, presidente del CONES, hizo un pedido público a la Corte para que revoque la disparatada medida. Lo hizo ante la prensa, como es lógico, porque si lo hiciera solamente por la vía judicial, la misma Corte que tanto se apuró para reabrir las universidades, podría pasarse años estudiando el pedido de revisión de la medida.
Estos hechos no son de ninguna manera un problema jurídico. Sean cuales fueren las argumentaciones legales que puedan aducir los ministros, la lógica más elemental indica que permitir el funcionamiento de las universidades de garaje no es defender un derecho, sino prolongar la realización sistemática de varios delitos.
Señores ministros, las universidades de garaje son una estafa a los estudiantes y, por supuesto, fuente de graves daños al patrimonio o incluso a la vida de los ciudadanos que recurran inadvertidamente a profesionales con título, pero sin ninguna formación para ejercer como médicos, odontólogos, enfermeras, abogados, ingenieros, etc.
Por otra parte, desautorizar al CONES, que en mi opinión ni siquiera ha cerrado todas las carreras y universidades que debiera, sino apenas aquellas más clara y descaradamente pésimas, no es solo una “medida cautelar”, sino emitir una sentencia de muerte para la educación superior de nuestro país.
Conceder un amparo a instituciones cuya actividad no es formar profesionales sino vender títulos, es sentenciar al desamparo a los estudiantes, es imponer competencia desleal a las universidades serias y exigentes y, finalmente, es condenar a los ciudadanos a los servicios de profesionales truchos con titulaciones “mau”, que tienen menos valor que los papeles en los que están impresos los títulos o en los que fue escrita la orden de la Corte Suprema.
rolandoniella@abc.com.py