Es cierto que Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ya había emitido en junio un informe declarando que el presidente venezolano Nicolás Maduro estaba violando los principios democráticos más elementales. Pero Maduro había aducido que el informe de la OEA era una maniobra imperialista de Estados Unidos, enfatizando que Estados Unidos es uno de los principales miembros de la OEA.

Ahora, por primera vez, el Mercosur, un grupo clave de países sudamericanos que no incluye a Estados Unidos, no solo ha exigido que Maduro restablezca el Estado de derecho, sino que ha puesto un ultimátum para que lo haga antes del 1 de diciembre, o de lo contrario Venezuela será suspendida del bloque comercial regional.

Brasil, el país más grande de la región, anunció el 13 de septiembre que los cuatro miembros fundadores de Mercosur –Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay– decidieron que suspenderán a Venezuela si el país no cumple los estatutos comerciales y de derechos humanos del bloque para esa fecha.

Esta no fue solo una ruptura diplomática clave con el régimen de Maduro tras 17 años de sólido apoyo –o tolerancia– latinoamericana con los abusos de Venezuela contra los derechos humanos y la democracia, sino que no podría haber llegado en un peor momento para el régimen de Maduro.

La declaración de Mercosur vino en momentos en que Maduro se preparaba para asumir con bombos y platillos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, en una ceremonia en la isla Margarita de Venezuela.

Aunque el Movimiento de los No Alineados se ha vuelto casi irrelevante tras su época de oro en la década de 1970, Maduro había hecho un enorme despliegue publicitario para mostrarse internamente como un líder del mundo emergente, a pesar de la peor crisis económica y política de su país en la historia reciente.

“El gobierno estaba tratando de usar la cumbre de los No Alineados para darse un baño de legalidad y respaldo internacional, y resultó desairado por sus propios vecinos sudamericanos”, me dijo el líder opositor Carlos Vecchio.

Para empeorar las cosas, la cumbre de los No Alineados resultó un fiasco. Hasta el momento en que fue escrita esta columna, solo cuatro presidentes de los 120 países participantes –los de Bolivia, Ecuador, Irán y Zimbabwe–, habían confirmado su presencia.

Fuentes diplomáticas sudamericanas me señalaron que el ultimátum de Mercosur para el 1 de diciembre se emitió porque la región teme que se produzca una explosión social en Venezuela, y se está agotando el tiempo para llegar a una solución pacífica.

La coalición opositora MUD está pidiendo un referéndum revocatorio autorizado por la Constitución antes de fin de año. Según la ley, si el referéndum se lleva a cabo después de la primera mitad del mandato de Maduro, que cae el 10 de enero, el actual vicepresidente podría asumir el cargo de Maduro durante el resto de su mandato hasta el 2019.

“El gobierno de Maduro está poniendo todo tipo de obstáculos para posponer el referendo revocatorio, y los miembros del Mercosur decidieron que no podían esperar más”, me dijo un diplomático sudamericano.

Mi opinión: El ultimátum del Mercosur a Venezuela fue muy importante, pero hará falta más presiones diplomáticas para que Maduro permita llevar a cabo el referéndum este año.

En primer lugar, Mercosur tendría que exigir específicamente que Venezuela permita el referendo este año.

En segundo lugar, Estados Unidos debería retirar públicamente su apoyo al supuesto esfuerzo de mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido una farsa que solo ha ayudado a Maduro a ganar tiempo y posponer el referéndum.

Habiendo dicho esto, hay que decir que la declaración de Mercosur podría marcar un punto de inflexión en la reciente historia de complicidad latinoamericana con los abusos de Venezuela y su falta de cumplimiento con acuerdos regionales. ¡Ya era hora!