Cargando...
La Cámara de Senadores rechazó el 25 de agosto pasado el proyecto de enmienda constitucional que pretendía incluir en la Constitución la posibilidad de la reelección presidencial, que actualmente está prohibida.
Sobre el tratamiento del proyecto de enmienda en el Congreso, el artículo 290 de la Constitución dice en un párrafo que “si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año”.
El rechazo del Senado implica que recién se puede volver a presentar en agosto del año próximo un proyecto de enmienda para la reelección.
Sin embargo, con una interpretación que raya lo ridículo, diputados oficialistas pretenden estudiar una propuesta de enmienda constitucional sobre el mismo tema de la reelección presidencial, argumentando que se trata de “otro” proyecto y no del mismo.
El presidente Horacio Cartes, que en numerosas oportunidades dijo que no le interesaba ni perdería su tiempo buscando la reelección, sale ahora, por medios de sus voceros, con el viejo cuento stronista de que “el pueblo se lo pide”.
En vez de parar este desatino, el Mandatario les da vía libre a los legisladores colorados para hacer lo que quieran, mostrando una vez más su desapego a las reglas democráticas.
Tal vez no cabe esperar otra cosa de alguien que ejerció el derecho ciudadano a votar por primera vez en su vida en unas elecciones generales en 2013, cuando él fue candidato a Presidente.
Además, para que pudiese ser candidato del Partido Colorado, sus amigos políticos de entonces adecuaron el estatuto partidario a su medida, dejando de lado la disposición que establecía un tiempo mínimo necesario de afiliación.
Ya en ejercicio de la Presidencia de la República, impulsó la modificación de la Ley de Defensa Nacional para disponer a su antojo de las Fuerzas Armadas en la zona norte del país, lo cual, en la práctica, significó instalar allí un estado de sitio permanente, cuestión de dudosa constitucionalidad.
También, vía decreto, en febrero de 2014, eliminó la reunión periódica del Consejo de Ministros, figura con rango constitucional y la reemplazó por un “Centro de Gobierno” compuesto por gerentes de sus empresas que coordinan y controlan la labor de los ministerios, como si fuese una empresa privada.
Es posible que la actual arremetida presidencial por la reelección, cuando las encuestas nacionales e internacionales lo colocan como uno de los mandatarios con menor popularidad ciudadana, solamente sea una estrategia para evitar el desbande anticipado de los dirigentes colorados que hasta ahora lo acompañan por interés y que, cuando se confirme que no podrá intentar la reelección, correrán a encolumnarse detrás del próximo “líder” que asome con posibilidades.
Sin embargo, el daño que están haciendo quienes se prestan ahora a violar la Constitución es muy grande.
Esa actitud seguirá retrasando la consolidación del sistema institucional que el país necesita justamente para evitar que oportunistas sin convicciones democráticas, sin una mínima formación cívica y con el único “mérito” de su poder económico lleguen al poder y pretendan después, por medios torcidos, quedarse más allá de lo que la Constitución les habilita.
mcaceres@abc.com.py