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En ese periodo se produjo un crimen, el del joven Rodrigo Quintana, asesinado por la espalda dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.
Desde mañana dependerá de cada empresa proveer o no esta información, dependiendo de la voluntad, y de que aún la tenga disponible.
Si la quema del Congreso fue un episodio grave, el asesinato de este joven fue más grave aún, un sentimiento común de humanidad debería indicárnoslo, porque una vida ya no se repone con nada.
Por eso es llamativa la conducta de quien debe investigar este crimen, la fiscala Raquel Fernández. Para ella no es relevante solicitar los extractos de llamadas de las personas que se comunicaron con el comandante de la Policía en ese periodo.
Se niega, porque alega que sería “buscar en el morbo de lo que es las llamadas entrantes y salientes” según nos decía en una entrevista el jueves en la 730 AM.
Es decir, la fiscal está más pendiente de que se conozcan algunos datos políticamente incómodos para el ahora excomandante y personas vinculadas al Ejecutivo, que de encontrar algún otro indicio que pueda ser relevante para reconstruir lo que ocurrió entre esa noche y madrugada.
Por eso es incomprensible. Un fiscal debería ser como un pescador que, haciendo uso de todos los recursos que tiene disponibles, arroje una red al agua y vaya recogiendo lo trascendente y descartando lo intrascendente.
La fiscal Fernández dice que no va a poder conocer el contenido de esas conversaciones, solo el día, la hora y la duración de las llamadas. Vaya obviedad. Pero el solicitar un cruce exhaustivo de llamadas es un recurso que sirvió para aclarar muchísimos casos.
Es una herramienta que arroja datos nada despreciables, que pueden derivar en conectar o sacar a luz otros datos hasta ese momento ocultos u ocultados.
Como ejemplo, mediante el cruce de llamadas se pudo establecer la veracidad de las versiones del asesino confeso de Luis María Argaña, Pablo Vera Esteche, y su relación con los otros sicarios Luis Rojas y Fidencio Vega.
Fue el cruce de llamadas el que también permitió confirmar la fluidez de los contactos entre Vilmar “Neneco” Acosta y Flavio y Wilson Acosta, sicarios que asesinaron a Pablo Medina y Antonia Almada.
Por eso es inadmisible que habiendo sido el asesinato de Rodrigo Quintana dentro de la sede del PLRA un crimen tan grave, y el caso en sí uno en el que existieron poderosos intereses y movilizaciones políticas cruzadas, no tengamos una investigación amplia y exhaustiva, que minimice toda posibilidad de dudas y sospecha.
“Puede ser que esté equivocada”, nos admitía en la misma entrevista la fiscala. El problema es que su equivocación no se podrá corregir desde mañana, cuando ya no exista obligación para las empresas proveedoras de mantener guardada esa información.
Pero en realidad, la sensación es que necesitamos fiscales valientes y con espíritu independiente, que sean capaces de dirigir pesquisas amplias, profundas y abiertas. Fiscales honrados y corajudos, capaces de soportar presiones e iniciar también investigaciones de oficio.
Fiscales que hagan honor al concepto de que por definición deben representar a la sociedad, y no a un grupo político en particular.
El jefe de la fiscal Raquel Fernández debería exigírselo. Pero el jefe, Javier Díaz Verón, hoy está preocupado en conseguir el acuerdo del Ejecutivo y el Senado para ser confirmado como Fiscal General por otro periodo.
guille@abc.com.py