Cargando...
El criterio de la evaluación no es tan transparente como quieren presentarlo. En un gran porcentaje se presta a la discrecionalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Además, el criterio de designar simplemente a los candidatos de mayor puntaje deja de lado la responsabilidad de la clase dirigente paraguaya de establecer una política de Estado sobre la composición del Poder Judicial.
Desde hace varios días, se sabe públicamente que las bancadas del oficialismo y del PLRA en bloque, que juntas constituyen una holgada mayoría, definieron que los elegidos serán Manuel de Jesús Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, quienes tuvieron el primer y segundo mejores puntajes. Uno tiene origen liberal y el otro colorado y, casualmente, llenarán cada uno los cupos de dos ministros con ese mismo origen partidario.
La manera en que se manejó el proceso para llenar esas dos vacancias en la Corte habilita a sospechar que el acuerdo político entre los dos partidos con mayor representación numérica en el Senado se concretó desde el Consejo de la Magistratura, donde ya se establecieron, por medio del puntaje, quiénes serían los elegidos.
La valoración por puntos se presenta como una cuestión objetiva. Sin embargo, la evaluación del desempeño de cada candidato en la audiencia pública se presta a la subjetividad. Ni que decir el test sicotécnico, “que mide la integridad y refleja la personalidad del postulante”. Esos dos ítems constituyen el 60% del total de los puntos posibles.
Con la elección parte del Senado de los dos de mejor puntaje es obvio que el presidente Mario Abdo Benítez no tendrá excusas para negar el acuerdo constitucional. Es más: lo otorgará con gusto, rubricando algo que evidentemente ya sabía desde antes cómo sería.
El criterio del puntaje seguramente es mejor que el cuoteo partidario liso y llano que casi no tiene en cuenta los méritos sino más bien la predisposición de los “amigos” elegidos a hacer favores posteriormente.
La primera Corte Suprema conformada durante el periodo de Juan Carlos Wasmosy, con base en los lineamientos de la Constitución Nacional de 1992, fue fruto del denominado “pacto de Gobernabilidad entre oficialistas y opositores.
El criterio de entonces fue elegir a cuatro representantes de origen colorado, cuatro de origen liberal y uno (personificado en Jerónimo Irala Burgos) independiente de los dos partidos mayoritarios.
La fórmula funcionó hasta el momento en que comenzaron los reemplazos y, especialmente, cuando estalló la crisis entre el Congreso y el Poder Judicial por el debate sobre la inamovilidad.
Se podrá criticar aquel criterio de reparto libero-colorado-independiente pero, al menos, tiene más sentido que lo que tenemos: 6 de los ministros de origen colorado y 3 de origen liberal.
El debate sobre el Poder Judicial deseable para el país, obviamente, debe ser mucho más amplio y llevarlo adelante dependerá del liderazgo que asuman los dirigentes políticos del país. Pero el criterio no puede continuar circunscripto, como ahora a reemplazar a los ministros que van saliendo por otros del mismo partido, sin debatir qué Justicia queremos, con qué orientación política e ideológica.
La alternativa es esperar que los presuntamente mejor puntuados, por una cuestión de azar más que de racionalidad, sean la solución mágica para mejorar un poder del Estado desprestigiado, del cual depende la estabilidad de nuestra democracia.
mcaceres@abc.com.py