Cargando...
Con la autorización de la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo para seguir contratando préstamos con bonos sin el visto bueno del Congreso se puso en evidencia que el Poder Judicial es funcional al Ejecutivo, particularmente en cuanto a la Sala Constitucional, pero observando la composición de fuerzas luego de la elección de las nuevas autoridades con Luis M. Benítez Riera al frente, los conocedores de las intimidades de este poder del Estado me autorizaron a señalar que ahora el eje Cartes-Lugo-Llano cuenta con mayoría segura y cómoda en la plenaria de la Corte.
Significa esto que la Corte está abierta a considerar cualquier planteamiento oficialista respecto a interpretar de modo favorable a dicho eje o frente político las disposiciones constitucionales para hacer viable la reelección presidencial.
Si habrá que convertir la supuesta denuncia colorada de “propaganda engañosa” de Lugo, que fue a parar a la Corte, o si es necesaria una nueva presentación es cuestión de simple estrategia leguleya, pues la decisión está tomada: el sí se puede volver a candidatar para Lugo, que se puede convertir en ídem para Cartes.
¿De qué forma? Ya se dijo varias veces, renunciando a la presidencia de la República, lo cual tiene dos inconvenientes: 1. Si va a hacerlo tendría que ser por lo menos seis meses antes de las elecciones, tal como se exige a otros para no caer en las inhabilidades contempladas en la Constitución. 2. La renuncia debe ser aceptada por el Congreso, cuyo presidente es opositor, y si ello no fuere inconveniente, se debería asegurar la mayoría en ambas cámaras, lo cual es incierto.
Para que el Presidente pueda ser considerado expresidente con posibilidades de competir para el 2018 debería renunciar por lo menos en julio de 2017, con la esperanza de que el Congreso lo apruebe antes del 21 de agosto, fecha límite que corresponde a los seis meses antes de los comicios.
Sin embargo, ahora que, además de la Justicia Electoral, el presidente de la Corte, Benítez Riera, y todos los demás ministros de extracción colorada (Antonio Fretes, Miryam Peña, Raúl Torres K., Alicia Pucheta y César Garay Z.) responden –según mi fuente– al proyecto político del Ejecutivo, es factible que no sea necesario esperar una probable impugnación a la candidatura de Lugo para recurrir a la Corte y beneficiar de rebote las pretensiones de Cartes. Esta opción desde luego choca con el calendario electoral ya aprobado.
Sería suficiente utilizar el expediente de la “propaganda engañosa” de Lugo que radica en la Corte para que esta se expida cuanto antes sobre “el fondo” de la cuestión –la reelección– acerca de la cual gua’u la ANR está en contra para que la autoridad judicial se expida a favor de la reelección de Lugo... y de paso de Cartes.
Ya lo dijimos en su momento, la denuncia (del Partido Colorado) de supuesta propaganda engañosa no es tal según el Código Electoral, lo que significa que deliberadamente la hicieron para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se pronunciara y el luguismo lo apelara ante la Corte, configurándose de esa manera la confabulación entre el cartismo y el luguismo.
En resumen, el plan de reelección tiene algunos obstáculos insalvables, tanto por la vía de la enmienda como de la inexistente “certeza constitucional”, pero está visto que ya no depende de la institucionalidad sino de la funcionalidad de actores clave como algunos miembros de la oposición y de ministros de la Corte.
ebritez@abc.com.py