El principal foco de conflicto son la indemnización por despido y el preaviso omitido. Por un lado, se encuentran los empleadores que en muchas ocasiones tienen argumentos para el despido con justa causa, pero no los pueden demostrar debiendo pagar indemnizaciones injustas; aunque también existen quienes aunque no tengan razones para el despido, omiten el pago de indemnizaciones con actos deleznables para evitar el pago. En cuanto a los trabajadores, los que tienen derecho a las indemnizaciones no los pueden cobrar por maniobras de los empleadores, y otros que recurren a situaciones como el “autodespido” reclamando indemnizaciones al empleador sin justificación alguna, ello en razón a que para el trabajador las indemnizaciones y el preaviso son “su plata”, sin importar lo que haga para conseguirlo.
Estas situaciones son principalmente una pérdida de tiempo, crean un mal ambiente de trabajo y generan costos innecesarios tanto para las empresas como para los trabajadores.
Para afrontar este y otros problemas, en países como España, con un sistema más rígido que el nuestro, se plantean adoptar el sistema austriaco, llamado la “mochila austriaca”. Siendo este un sistema de seguro en el que las empresas aportan mensualmente un porcentaje sobre el salario bruto de los trabajadores, este puede retirarlo al término de la relación laboral o cuando llegue a la jubilación, funcionando como una caja de ahorro individual que lo acompaña a la largo de su vida laboral. Este aporte es independiente a la jubilación, siendo sustitutivo de las indemnizaciones previstas al final de las relaciones laborales como las de nuestro régimen legal, en este sistema se disuelven las indemnizaciones laborales en los aportes que realiza el empleador mensualmente.
En rasgos generales, en nuestro caso sustituiría las indemnizaciones por despido y preaviso. El empleador se libra de intentar justificar la causa del despido y engorrosos trámites de confección de liquidaciones, papeleo y otras cuestiones, como la incertidumbre de los costes de la desvinculación, o despedir a trabajadores valiosos para evitar la estabilidad especial. La gran ventaja para el trabajador es que estos ahorros le acompañan aún cuando haya renunciado a su puesto de trabajo para ir a otro lugar, pues en principio no perdería derechos laborales adquiridos en su anterior puesto de trabajo, además de que favorece el crecimiento laboral, pues facilita la movilidad entre empresas. Este sistema podría incluso mejorar los altos índices de precariedad con que contamos, pues siendo más beneficioso para el empresario eliminar los altos costes de despido, existiría un incentivo para que las empresas realicen los aportes.
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En Austria, el porcentaje a pagar sobre el salario bruto es del 1,53%. El problema en nuestro país es la ausencia del seguro de desempleo, por lo que algunos empresarios consultados manifestaron que podría estudiarse aumentar el porcentaje para cubrir esa eventualidad. Estos fondos son administrados por aseguradoras privadas que, incluso, brindan utilidades y el Estado cubre al menos el 100% del capital aportado, por lo que los ahorros se encontrarían garantizados.
Nuestro gran problema para avanzar hacia una modernización de nuestra normativa laboral en este aspecto es el Art. 94 de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad y la indemnización por despido, por lo que necesitaríamos una reforma que pueda ayudarnos a modernizar nuestro sistema legal y que sea más acorde a los avances de nuestro mercado de trabajo, que en su gran mayoría son jóvenes más acostumbrados a la rotación en diversos puestos de trabajo, perdiendo la estabilidad de la forma como la conocemos, utilidad práctica.
Dada la situación actual, lo único que logramos es dificultar las relaciones laborales en nuestro país, siendo los más perjudicados los empresarios y trabajadores que verdaderamente quieren superarse. Bien podemos, ahora que se encuentran en estudio leyes de contrato a tiempo parcial y el del seguro de desempleo, plantearnos avanzar hacia la construcción de nuevas modalidades que permitan regímenes laborales más modernos y justos para ambas partes.
(*) Abogado, máster en Derechos Socio-laborales por la Universidad Autónoma de Barcelona.