La ausencia de una justicia recta, honesta y profesionalmente bien administrada es una de las patas rotas de nuestro sistema de convivencia en una democracia todavía en construcción. La seguridad jurídica es una materia pendiente porque los fallos judiciales tienen mucha dependencia del tamaño del bolsillo o de la influencia política de las partes en litigio.
El problema tiene raíces en la misma Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos integrantes están ahí con sus periodos constitucionales ya vencidos, algunos con varias denuncias serias en su contra y otros con pedidos de juicio político en trámite en el Congreso.
En su momento, tanto los entonces presidentes Nicanor Duarte Frutos como Fernando Lugo prometieron renovar totalmente la Corte Suprema de Justicia pero, en los hechos, salieron dos o tres, entraron otros y el sistema no cambió en absoluto.
En estos días, se vuelve a hablar del posible juicio político y destitución de uno a tres miembros de la Corte, pero todo está a la espera de cómo evolucionan los enfrentamientos de los movimientos internos en los dos grandes partidos tradicionales. El Senado no puede reunir quorum para tratar el tema por la fragmentación de las fuerzas partidarias y la especulación de cómo votarían los ministros de la Corte si alguna apelación de inconstitucionalidad por divergencias en el proceso político llegase a tal instancia de decisión.
Esta polémica e inestabilidad en cuanto a la integración de la propia Corte Suprema no es un problema menor. Por un lado, ya existen sospechas fundadas de que algunos fallos judiciales se negocian a precio de mercado; por otra parte, hay ministros que están a punto de ser destituidos según respondan o no a los intereses coyunturales de los líderes políticos dominantes. La actitud genuflexa ante la riqueza o ante el poder patentiza la fragilidad del modus operandi de nuestro sistema judicial.
Las falencias en el poder judicial lamentablemente coinciden con las deficiencias en los otros dos poderes del Estado y así, en su conjunto, tenemos una nación hipotéticamente en Estado de derecho, pero realmente en situación de precaria estabilidad y un futuro bastante incierto.
Este tipo de problemas no se resuelve a corto plazo. Los miembros de la Corte se declararon a sí mismos inamovibles, de modo que solo pueden ser cambiados por renuncia o por juicio político. Ambas vías, por ahora, no están precisamente al servicio de una sociedad madura y razonable.
Necesitamos seguir remando. La diosa Astrea continúa ciega, sorda y muda. Aunque sea de a poco, ojalá la despertemos para que entre en acción.
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