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En las democracias republicanas donde rige la publicidad de la cosa pública, cada uno de los miembros del poder político se deben a sus mandantes, el pueblo que los votó y; por tanto, la ciudadanía es la que les controla y les exige rendición de cuentas. La prensa no es más que un mensajero, a través del cual la sociedad se entera de lo que sus mandatarios hacen y si lo hacen bien o mal.
La prensa es un vehículo de informaciones que por la vorágine de hechos generados a cada instante en una sociedad cada vez más compleja, llega hasta el hombre y mujer de la calle y les comunica que algunos de los que fueron electos en la respectiva votación, no están precisamente haciendo lo que prometieron en sus campañas electorales.
Y si los miembros del poder político caen en corrupción, defraudando o robando al pueblo que les votó, entonces ese mismo pueblo tiene derecho a saber qué y cómo lo hicieron, siendo la prensa libre la que hará conocer esa preciosa información. La ciudadanía tomará luego sus recaudos, denegando su voto a los que ya no son de su confianza.
De ahí que informar al público sobre los hechos que guardan relación con las decisiones que llevan a cabo los funcionarios, electos y administrativos, es vital para evitar la concentración del poder, una detestable amenaza que no solo ocurre en las dictaduras, sino también en las democracias para degenerarlas y asestar su golpe mortal.
Hacer conocer a la gente, por cualquiera de las formas en que se ejerce el periodismo, que los funcionarios electos y administrativos están ejerciendo sus cargos en transgresión a la Constitución y las leyes, es una manera de impedir que el poder político se convierta en la peor amenaza para cada una de las personas que conforman una sociedad, cualquiera sea.
Y no importa si esa sociedad se encuentra en un país desarrollado o no. Lo que interesa es que los ciudadanos tienen derecho a saber lo que hacen sus dirigentes y estos no tienen atribución alguna, ni legal ni moral, de impedir que se conozca de lo que están llevando a cabo, en las actividades relacionadas a sus respectivos cargos.
Para dilucidar a los culpables y sancionar a los que tanto daño hacen a la ciudadanía honesta y trabajadora que paga los sueldos y beneficios de sus funcionarios desleales, es que están las instituciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero esta atribución se debilita hasta volverse inane cuando los tentáculos del poder político alcanzan a su majestad la justicia. Este es el caso de los audios que notifican en carácter de testigo a la periodista Mabel Rehnfeldt, “a los efectos de dilucidar estos hechos”, según dijeron los fiscales.
Aun teniendo a la vista la meridiana claridad del texto constitucional que en su artículo 29 establece el libre ejercicio del periodismo y de no encontrarse sujeto a autorización previa y que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información, se desvía la investigación que en lugar de esclarecer las perversiones y canalladas de algunos miembros del poder político, se procede a tratar de intimidar a una trabajadora de los medios y, de ese modo, se compromete seriamente las garantías a la prensa libre, barrera en las sociedades libres contra su peor amenaza: el poder político; incontrolable e impune.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Asesor de la Asoc. Paraguaya de Universidades Privadas. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.
vzpavon@yahoo.com