La tierra

El Estado paraguayo afirma que ya no existen tierras fiscales que repartir, por eso intentó comprar las de Teixeira. Quedan dos caminos conocidos para satisfacer las demandas de los campesinos sin tierras. 1. La compra-venta de tierras particulares o 2. La expropiación de la propiedad privada.   

En realidad ambas opciones constituyen la misma cosa aunque con procedimientos distintos. Se compra la tierra que falta y se la obtiene por medio de "adquisiciones del Estado" o la "expropiación". En ambos casos se debe pagar al dueño afectado el valor del inmueble adquirido o expropiado. El primero (compra) se hace por mecanismos del Poder Ejecutivo y el segundo (expropiación) se hace por mecanismos del Poder Legislativo.   

La verdad es que existe otro camino, desconocido y poco utilizado. El de la reversión, figura consagrada en el Estatuto Agrario que establece claramente que las tierras públicas adjudicadas irregularmente deben revertir al Estado; sin embargo, no existe el mecanismo de rutina para aplicar ese resorte legal, excepto la jurisprudencia de la Corte Suprema en algunos casos esporádicos de venta ilegal de derecheras, pero la Procuraduría se declaró impotente para recuperar tierras malhabidas. 

Hay suficiente tierra en el Paraguay, por lo menos en relación a la cantidad de habitantes que posee; el problema es que está mal distribuida porque existe un deficiente sistema de tributación sobre la misma. A ello debe agregarse la manipulación política de las instituciones responsables del tema y los intereses creados de la clase política para impulsar reformas en ese campo.   

En estas condiciones no cabe más que razonar en la siguiente dirección. Si ya no existen tierras fiscales, es evidente que debe cambiar la filosofía y la política del Estado con respecto al acceso y el uso de la tierra y dejar de actuar como si fuera dueño de grandes extensiones a repartir con criterio paternalista.   

Debe encarar con mayor énfasis la reversión de las tierras públicas, para lo cual quienes dicen preocuparse del tema deben buscar el mecanismo legal y judicial de implementar la figura establecida en el Estatuto Agrario, tal vez instituyendo de paso el fuero agrario en el Poder Judicial, teniendo en cuenta que hay más de 8 millones de hectáreas adjudicadas irregularmente, según el informe de Verdad y Justicia. 

Para combatir el latifundio, que existe hasta si se quiere de manera grosera, nada mejor que una fuerte carga impositiva. ¿Quién querrá conservar grandes extensiones de tierras improductivas por las cuales paga innecesariamente altos impuestos? Los terratenientes se verán obligados a ceder sus territorios y el Estado tendrá la oportunidad de comprarlas para darle un destino social.   

Finalmente es hora de encarar en forma y con responsabilidad un catastro nacional que revele científicamente la existencia de fincas tituladas y excedentes fiscales para dejar de jugar al gato y ratón, sobre todo a la hora de pagar impuestos y determinar la titularidad.   

Es hora también de dejar de lado el populismo con respecto a la necesidad de la gente de trabajar la tierra y no contaminarla con la viveza de cierta gente de especular con esa necesidad, reclamando fincas que vuelven a vender apenas acceden a ellas, para seguir reclamando exactamente lo mismo, una y otra vez con apoyo logístico y político.   

Es hora de apoyar integralmente desde el Estado -privilegiar si es necesario frente a los grandes- a los dueños de las 260 mil fincas de pequeña producción que existen y hoy están abandonadas prácticamente. Si todas ellas fueran eficientes y competitivas, la historia de la tierra sería otra hoy en Paraguay.