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09 de Agosto de 2018

 

La vía que queda contra los corruptos

Por Marcos Cáceres Amarilla

La renuncia del exdiputado José María Ibáñez (por presión ciudadana y no por un dictado de su conciencia) no hará que parlamentarios y políticos en general abandonen, a partir de ahora, sus prácticas prebendarias y clientelistas ni, mucho menos, que dejen de robar al Estado cuando les toque la ocasión.

A lo sumo, se cuidarán un poco más, ocultarán sus trapisondas, evitarán ser tan evidentes. En ciertos casos, es posible que alguno de ellos abandone, momentáneamente, la práctica de robar dinero público para su provecho, el de sus familiares y su equipo político.

Lo que hacía Ibáñez, pagar a sus empleados particulares con dinero del Presupuesto de Gastos de la Nación, es una práctica generalizada. Lo saben todos. Incluyendo los periodistas. El problema es que cuesta probar estos hechos mientras no exista una denuncia de los funcionarios decentes que conocen muy bien ese tipo de situaciones en el Congreso y otras instituciones.

El reclamo de Ibáñez, de que su robo no era tan grave como el de otros, que suena estúpido como defensa, era sincero y realista. Hay muchos que roban a manos llenas. Estos se suman a quienes dan cargos a sus parientes y amigos, sin que tengan mérito, en el mejor de los casos, para ocupar ningún puesto público. En otros casos, ni siquiera se toman la molestia de ir a marcar tarjeta sino que solo figuran en la planilla y van a cobrar su sueldo cada fin de mes.

Igual que hacían Ibáñez y esposa, algunos diputados tienen en su poder las tarjetas de débito de sus empleados y les dan una partecita del dinero que cobran a aquellos a quienes “les consiguieron trabajo”.

Por lo que vemos y escuchamos ahora en el Parlamento esta clase de práctica seguirá campantemente durante los cinco años de este periodo. Eso se deduce sin dificultades observando la calaña de algunos legisladores, como el liberal Carlos Portillo o el colorado Arnaldo Samaniego, por citar a dos notorios.

Esta situación que parece inaudita y difícil de creer para paraguayos y paraguayas que se ganan honestamente la vida sería fácil de verificar con un mínimo control que se haga periódicamente.

Pero no lo harán porque hay en el Congreso una cadena de complicidades y un corporativismo delictivo más parecidos a una lealtad mafiosa que a la actitud de quienes se dicen representantes del pueblo.

La manera más sencilla de terminar con este estado de cosas es que la mayoría de los legisladores decida tener una conducta honesta, ajustada a la Constitución, las leyes, los reglamentos y a las reglas básicas de convivencia en una sociedad democrática.

Sin embargo, recientemente tuvieron la oportunidad de darle una sanción ejemplar a su colega José María Ibáñez pero prefirieron dejarlo impune, lo cual da una idea de lo que podemos esperar.

La vía que queda es la que probó ser eficaz. Que la ciudadanía exija, critique y se involucre para sancionar, aunque sea moralmente, a quienes mienten, roban y se burlan del pueblo.

Algunos políticos, como la senadora liberal Zulma Gómez, auténtico fruto de las listas sábana, “lamentaron” que la ciudadanía no se manifieste en las urnas en vez de salir a las calles a expulsar a los legisladores.

A quienes son como ella, que son unos cuantos, no les conviene que los electores conscientes reclamen por los robos, los despropósitos y la ignorancia de legisladores y que pretenden hacer desde sus cargos cualquier cosa, incluyendo actos de corrupción, con el argumento de que son representantes del pueblo.

La reacción de esta clase de personajes de la política prueba que el camino que eligió la ciudadanía contra los Ibáñez, los González Daher, los Oviedo Matto y otros “ilustres” es el correcto.

mcaceres@abc.com.py

 
 

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