El senador colorado Juan Carlos Galaverna (justamente él) planteó la semana pasada sancionar a Cubas con 60 días de suspensión sin goce de dieta, presuntamente porque “se fue de boca” al tratar de “ladrón” al presidente del Senado Silvio Ovelar por no aplicar las multas a quienes faltan repetidamente a las sesiones y a las reuniones de comisión.

Cubas también denunció públicamente en la sesión algunas malas prácticas de sus colegas, como la de contratar operadores y amantes con dinero público, entre otras cuestiones, además de dedicarle algunos apodos “de público conocimiento” a algunos de ellos.

La presencia de Cubas sacó de su lugar de comodidad a muchos “honorables senadores” que, hasta ahora, a lo sumo habían leído en la redes y soportado en algún que otro escrache un repudio a los gritos, como los que el impredecible legislador les suele aplicar de manera regular.

El senador Cubas acostumbra repartir descalificaciones, más o menos infamantes, contra algunos de sus colegas que, a fin de cuentas, no son peores que los que se leen muchas veces en las redes sociales o en la opinión boca a boca que se suele escuchar en los corrillos populares.

También se le ha dado a Cubas por arrojar algunos elementos a sus pares, como agua mineral, botellitas de plástico, tapitas, bolígrafos, etc., sin que nadie haya resultado herido de gravedad.

La actuación del legislador le ha ganado detractores pero también mucho respaldo de gente que piensa que los senadores que resultan víctimas de sus arranques se lo tienen merecido y consideran que Cubas hace y dice lo que ellos querrían hacer y decir.

La palabra “inconducta” no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero buscando en internet se puede saber que en algunos países de Latinoamérica se utiliza, especialmente en el lenguaje administrativo, con el significado de “comportamiento reprobable de quien transgrede las normas o disposiciones legales”.

Si nos atenemos a esa definición, en principio, podemos decir que es cuestión de ver desde dónde uno juzga, qué se entiende por normas y cuáles son los parámetros morales.

Galaverna, impulsor de la sanción a Cubas, instó “a detener la degradación moral del Congreso”. Ya que él mencionó el tema, cabe preguntarse si no es más grave que algunos legisladores se aprovechen de su posición para involucrarse sexualmente con funcionarias que están a su cargo o para contratar con dinero público, a familiares y operadores o que confiesen tranquilamente delitos comunes, sabiéndose protegidos por sus fueros.

La cuestión de que algunos casos no se hayan denunciado y tampoco probado judicialmente, no cambia para nada el hecho de que la mayor parte de la ciudadanía es consciente de que ocurren en el Parlamento y en otras instituciones públicas.

Una parte de la ciudadanía cree, lastimosamente, que la corrupción de los funcionarios es algo inherente a sus cargos. Así también lo consideran esos mismos funcionarios que ven como único “problema” la posibilidad de ser descubiertos.

En realidad, a juzgar por los hechos, no es la degradación moral ni nada que tenga que ver con la moral lo que realmente les preocupa. Más bien, es la constante exposición pública a la que se arriesgan con un personaje que no responde a las reglas de un “decoro” con aroma a hipocresía.

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