Diez años antes la Fiscalía había imputado en rebeldía, por robo agravado, a un tal Julio Gamarra, sin especificar número de cédula ni otra característica particular. Cuando este año, Julio César Gamarra fue detenido por estafa, lo relacionaron con el homónimo buscado y lo mandaron a la cárcel. El Juzgado buscó a la víctima del asalto para una audiencia de reconocimiento, pero no la encontraron.
Finalmente, esta semana la propia Fiscalía pidió que se revoque la prisión y Julio César pudo volver a su casa este viernes. Pero no está desvinculado del proceso y todavía tiene que probar que es inocente del asalto que le atribuyen.
Este caso es una prueba más de que el sistema judicial no funciona y que sus reglas son letra muerta cuando se trata de gente sin recursos económicos. Supuestamente se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero la Fiscalía y el Juzgado actúan suponiendo la culpa.
La norma dice que la duda favorece al reo, pero sin que haya forma de probar que en efecto es él a quien busca la Justicia, el proceso continúa abierto contra Julio César.
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Se supone que la prisión es en libre comunicación. Intentamos hablar con Julio César, como nos había pedido. Siguiendo el protocolo, presentamos una nota al director del penal, explicando la razón de la entrevista. El procesado ya salió en libertad y nosotros, hasta hoy, no obtuvimos respuesta.
En la Penitenciaría Regional, con más de 1.000 internos hacinados, solo el 10% está condenado. Y las cifras oficiales dicen que el 90% es de recursos económicos bajos, sin posibilidades de pagar una defensa privada. Es prueba de que la Justicia, ni es pronta ni es barata.
mariana.ladaga@abc.com.py