Más de cien días en huelga por conflicto entre alumnos, profesores y egresados, enfrentados a la postura insensible y hermética del decano reflejan su incompetencia para dialogar y resolver conflictos, para gobernar una institución del Estado que tiene que moverse en clima y modos democráticos en el marco de la Constitución Nacional y las leyes.
Supongamos que las quejas y denuncias de los estudiantes, profesores y egresados no tuvieran fundamento, fueran denuncias por irregularidades o delitos legales imaginados, ¿por qué el decano y sus asesores se han negado a que la facultad sea intervenida? Cualquier dirigente inteligente diría: “Por favor, venga cuanto antes la intervención, aquí tienen todo transparente y vean que no es verdad lo que se dice de mi gobierno como decano”. Todo se hubiera resuelto rápidamente.
Pero la opinión sobre presuntas irregularidades con respecto a la ley electoral, a la administración económica, a presuntas arbitrariedades en adjudicación de fondos para investigación, reparto de consultorías, contratos de profesores, etc., no se desmonta impidiendo el acceso a los archivos y documentos, sino con transparencia. ¿Será que hay algo que ocultar? La propia postura del decanato alimenta la sospecha.
En cualquier caso, el problema no es solo conflicto sobre cumplimiento o incumplimiento de las leyes, sino problema de ética. La Facultad de Ingeniería no es del decano, ni siquiera es de la UNA, es del Estado, es decir, de todos los ciudadanos y el decano, como el Consejo Superior de la UNA deben dar cuentas a toda la sociedad, que se siente gravemente perjudicada con el cierre fáctico de su función académica, la de formar a los estudiantes para que lleguen a ser excelentes ingenieros.
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No saber o no querer dialogar, no resolver un conflicto, que tiene suficiente fundamento, es un problema ético, porque está produciendo un grave daño a los alumnos, a sus familiares, a los profesores, a la universidad, a la economía del Estado, a la economía y producción profesional de la nación y al fin al bien común. Ante la ley y por ética, el decano tiene que dar inmediatamente una solución satisfactoria al conflicto.
Si el decano está constatando con evidencia que los estudiantes no están de acuerdo con su modo de dirigir la facultad, si percibe que le rechazan, que no lo quieren; si abre los ojos y ve que los padres de los alumnos se adhieren a la causa de sus hijos porque consideran que tienen razón; si comprueba que muchos de los profesores y egresados de la facultad apoyan a los alumnos, convencidos como ellos de que la facultad está mal dirigida: si la opinión pública expresada por los medios de comunicación y las redes sociales se suman a la causa de estudiantes, profesores y egresados, la pregunta es: ¿por qué quiere seguir en el cargo de decano? ¿Decano de quiénes? ¿Decano para qué? Cualquier persona con un mínimo de dignidad se retiraría inmediatamente si nadie quiere ser gobernado académicamente por quien pretende imponerse a las mayorías, que desconfían de su competencia y honestidad.
La carta que el decano le ha escrito al rector de la Universidad Nacional de Asunción, a su rector con fecha de este pasado 23 del presente mes es una prueba más de su desorientación e incompetencia. El decano le intima al rector a que le responda “en el plazo perentorio de una hora” (lo he escrito bien, le da una hora al rector para que le responda) solicitándole que el rector suspenda la sesión convocada por el Consejo Superior. El decano ignora los estatutos de su propia universidad, porque el rector, según los estatutos, no tiene atribuciones para suspender las reuniones que el Consejo convoca. Si el decano ignora sus estatutos y trata así a su rector, ¿qué se puede esperar de su trato a los profesores y a los alumnos?
No hace falta ley, ni ética ni dignidad, basta el sentido común para comprender lo que pasa y lo que sobra en Fiuna.
jmonterotirado@gmail.com