Lo político y lo jurídico

La novela del juramento del expresidente Nicanor Duarte Frutos tuvo un capítulo más en estos días al no ser incorporado a la Cámara de Senadores a pesar de haber sido electo y de no tener impedimentos legales. Un trámite administrativo que en un sistema democrática sólido no tendría que generar fricciones, ahora navega en aguas jurídicas y políticas con una definición incierta, pero que claramente terminará afectando a la República.

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Hasta hace un corto tiempo la incorporación del expresidente a la Cámara de Senadores solo era resistida por ciertos sectores empresariales que todavía están temerosos de que su llegada al Congreso represente el rescate de políticas fiscales que no pudo aplicar como presidente de la República. Aun así su incorporación no corría riesgo y se daba como un hecho. En las últimas semanas, pero sobre todo después del retiro del pedido de renuncia del presidente Horacio Cartes, la situación tuvo un brusco giro y el análisis político empezó a ganar fuerza e imponerse como factor central.

A partir de ahí empezó una fuerte operación política para hacer cambiar de postura al presidente de la Cámara Alta, Fernando Lugo, lo que concluyó con la convocatoria de Mirta Gusinky, quien también fue intensamente conversada para presentarse a jurar.

Era el camino acordado para frenar la llegada de Horacio Cartes a la Cámara de Senadores en la segunda mitad de agosto. La no asunción de Nicanor era apenas un daño colateral necesario para llegar a un objetivo superior. La pelea y los pases de factura con Cartes y su equipo político seguían a toda máquina.

La movida contó con el guiño del presidente electo que empezó a operar en dos frentes. Mientras daba el visto bueno para la llegada de Gusinky, por el otro lado puso a su ministro del Interior como abogado para pelear en el ámbito jurídico la asunción de Nicanor. De ese modo mantenía el control por ambos frentes, al menos por ahora, y seguía generando crisis permanentes que impiden la conformación de bloques en el Congreso.

Sin embargo, toda la maniobra tiene fecha de vencimiento. En las últimas horas el pleno de la Justicia Electoral emitió una resolución en la que confirma el fallo que proclama a Duarte Frutos y a Cartes como senadores electos. La nota llegó a la Cámara de Senadores y deberá ser analizada en los próximos días. Ahí entrará al resbaladizo terreno de las mayorías y de las situaciones fácticas.

La oposición en la Cámara de Senadores anunció en conferencia de prensa que permitir la asunción de Nicanor, un senador electo y sin impedimentos legales, sería un quiebre institucional. El discurso, más que una advertencia, era la llamada de atención al futuro gobierno para elegir a sus aliados.

En 2011 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia trató un tema similar e invalidó la decisión unilateral del entonces presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Abdón Saguier. En el marco del litigio por la banca que asumió Alberto Grillón en reemplazo del entonces senador Rafael Filizzola determinó que el presidente de la Cámara Alta no tiene facultades para decidir quién puede ser senador. Ese antecedente enmarcará el debate de los próximos días pero no determinará la resolución de la crisis.

El problema con las candidaturas de Nicanor y Cartes excede lo jurídico. En ese campo la discusión está concluida. Todos las instancias validaron las candidaturas y permitieron la elección. Ahora la discusión se trasladó de nuevo a lo político. Una instancia donde también ambas candidaturas fueron validadas con los votos.

El caso de ambos se decidirá de acuerdo a la coyuntura y a los intereses sectoriales. El presidente electo parece haber dado un golpe de timón a su política de distanciamiento. Ahora está más involucrado, aunque de manera indirecta, en la resolución de la crisis, pero su posición tibia podría terminar jugándole una mala pasada.

ogomez@abc.com.py

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