Ahora surge la recolección de firmas de funcionarios públicos, en una sutil maniobra para torcer la voluntad de quienes están en la función pública.
Este método también es inconstitucional y no hace falta ser especialista del derecho ni legalista para entender que no se puede imponer una firma fuera de la voluntad de la persona.
Al respecto, el artículo 37 de la Constitución Nacional habla del derecho a la objeción de conciencia. Con este artículo se garantiza y reconoce la objeción de conciencia “por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan”.
Si un funcionario público por razones de éticas, religiosas e incluso política es presionado para pedir la reelección sería otro caso de atropello a la Constitución y, por consiguiente, a la conciencia de la persona afectada.
Está claro que la campaña se realiza a tambor batiente y sin tener en cuenta una pizca lo que dicta la Constitución Nacional.
Se viene un año difícil para el país en este 2017 porque será meramente electoral, en el que los políticos sin escrúpulos utilizarán todas las mañas y chantajes partidarios para perseguir y presionar para los fines personales y de grupos. A los dirigentes, salvo honrosas excepciones, no les interesa torcer voluntades ni retrasar el desarrollo de los pueblos. El único interés que prima es permanecer en el poder. La tenaz campaña reelecionista así lo demuestra.
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