Esa región se convirtió en “tierra de nadie” hace tiempo. Plantaciones de marihuana, pistas clandestinas, tala de árboles, procesamiento de carbón, paso de mercaderías de contrabando, son solo algunas de las actividades ilegales que organizaciones criminales instauraron, sin más complicaciones que pagar coimas a quienes tienen la representación del Gobierno nacional.
Ocurre porque se trata de distritos económicamente pobres, con escasa asistencia del Gobierno, que no provee ni la capacitación ni las herramientas necesarias para que la gente pueda desarrollar su tierra. A tal punto llega la necesidad que comunidades indígenas, imposibilitadas de producir alimentos, terminan alquilando sus parcelas por irrisorios montos a “productores” que deforestan todo para dar paso al monocultivo, contaminando cauces hídricos y comunidades cercanas, porque tampoco existe el Estado cuando se trata de proteger el medio ambiente.
Negligente fue el Gobierno cuando permitió que funcionarios corruptos vendieran títulos de propiedad a personas que no eran sujetos de la reforma agraria. Y hubo muchos problemas con los campesinos que sí merecían esas parcelas y que por no tener para pagar “extras”, acabaron perdiéndolas.
En medio de este “polvorín” metió la mano el Gobierno para empeorarlo. Llevaron a los campesinos que “molestaban” en Ñacunday hasta Itakyry, asentándolos en tierras que el propio Estado ya había otorgado a otra gente. Los campesinos de “Marina Cue”, Canindeyú, también migraron hacia la misma zona. En Troncal III ocupan una propiedad privada donde, aseveran, hay un excedente.
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De este modo es imposible la paz. No puede darse porque se trata de una zona donde se aplica la “ley del mbarete”.
Mandan el dinero y las mafias organizadas, que permiten a unos cuantos llenarse los bolsillos, mientras otros se desesperan porque les falta pan para dar de comer a sus hijos.
mariana.ladaga@abc.com.py