Llama la atención que el resultado de la sentencia sea por una cuestión de forma. El tribunal no deliberó con base en la cuestión de fondo. No llegó a estudiar si realmente se cometió el abuso.
Este hecho se publicó en diversos medios de comunicación. Al respecto, el Ministerio de Educación informó que la medida impuesta fue el traslado de la docente y la prohibición de ingresar a las aulas para dar clases. Sin embargo, esto no se traduce en una respuesta clara y contundente para la familia afectada ni para la sociedad. Con el simple traslado el MEC no refleja interés en combatir a pedófilos y en no permitir que estos ingresen y enseñen en instituciones educativas.
Cuando algunos chicos no entregan sus tareas o presentan actitudes contradictorias, los colegios públicos activan un plan de contingencia con su ejército de sicólogos y asistentes sociales. No necesitan recurrir a otra institución.
Se trata de voluntad política. Si al menos se sometiera a un test a los docentes con el objetivo de identificar su idoneidad mental. En este caso involucra a una niña de preescolar, tierna etapa en la que hasta resulta emotivo que se inicie en la vida escolar.
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Para esta familia fue el comienzo de un calvario.
¿Cuántas víctimas hacen falta para una respuesta política y concreta? ¿Cuántos niños sufren en silencio? Denunciarlo es un acto de valentía.
La actitud del ministro Enrique Riera es un silencio cómplice. El ministro Riera es un abogado con reconocida trayectoria y padre de familia. Sería penoso que algún familiar cercano fuera víctima para que reaccione con mayor firmeza. Lo que rogamos a Dios que nunca suceda.
Y, hablando de Dios, el MEC imitó la actitud de la Iglesia, que históricamente se limita a trasladar al acusado de pedofilia y no solucionar el problema de raíz, en procura de evitar más víctimas.
Estamos seguros de que hay gente competente en esta cartera estatal para buscar y acompañar a niños y familias víctimas de abusos. Una investigación permitirá determinar si existen otros hechos similares. Sobre todo no se debe olvidar que no solo el niño es una víctima, la familia también termina golpeada y podría ocasionar consecuencias de por vida, afectar a sus generaciones posteriores. El MEC no puede hacer la vista gorda y dejar el caso solo en manos de la justicia.
Los niños son seres inocentes e indefensos. Más que nadie necesitan de nuestra protección.
ggonzalez@abc.com.py