El otro argumento fue de orden legal: la ley otorga a la Contraloría General de la República (CGR) la potestad de hacer la investigación. Afirmaron que existe un pedido de auditoría presentado ya en diciembre pasado por el saliente intendente Hugo Barreto (ANR) y que ellos mismos fueron a pedir que se agilice la realización de la auditoría.
Es cierto que la CGR tiene la potestad de auditar, pero esto es sin perjuicio de que se recurra a otro organismo para el mismo efecto. Máxime cuando el nivel de credibilidad del ente no satisface la expectativa ni la confianza ciudadanas.
De hecho, en medio del tumulto creado por los reclamos, la CGR apuró su decisión de realizar un examen especial de los tres últimos años a la administración municipal. Pero, se limita a los rubros de royalties y compensaciones, y al Fonacide.
La semana pasada, los ocho concejales colorados se reunieron en Asunción con el contralor general de la República, Roy Rodgers Canás. ¿Acaso para pedir que sean auditados solamente estos dos rubros? También se reunieron a puertas cerradas con el vicepresidente de la República, Juan Afara. ¿Le habrán pedido algún “apoyo político”?
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Es un secreto a voces que el municipio fue manejado con total discrecionalidad por los administradores de turno de los periodos anteriores. Si se investiga en serio y a fondo mucha gente “poderosa" y "honorable" podría quedar muy mal parada ante la ciudadanía, además de correr el peligro cierto de unas "vacaciones forzosas" en la penitenciaría regional.
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