En un país como el nuestro, donde la resistencia al pago de impuestos es directamente proporcional al “peso” político y económico del contribuyente, la evasión es prácticamente considerada un acto de justicia, bajo el argumento de que las recaudaciones terminan en los bolsillos de planilleros y operadores políticos, financiando campañas partidarias, lujos de las amantes de los jefes de turno, o engrosando cuentas bancarias de administradores deshonestos.
Debemos admitir que el razonamiento no está muy alejado de la realidad. Y si bien no podemos decir que este sea el caso de esta administración, esa ha sido y sigue siendo la impronta en la administración pública en general, donde los mecanismos de control son ineficientes y el sistema de persecución legal se arrodilla ante los “poderosos”.
La actual administración municipal reconoció, tiempo atrás, que el municipio tiene muchos antiguos y grandes evasores, particularmente en el rubro de impuestos inmobiliarios. La “Vox populi” dice que existen empresarios con gran capacidad económica e influyentes personajes que nunca fueron “molestados” con exigencias de ponerse al día con sus impuestos.
Sus nombres estuvieron guardados –lo siguen estando– bajo siete llaves, para evitarles el mal rato del “escarnio público”, sin siquiera alguna sanción legal. La administración de Yd perdió una gran oportunidad de hacerlos público al negar la respuesta –pese a la ley 5282/14– a un pedido ciudadano planteado por la abogada Primitiva Villalba Ferrari.
De nada le sirvió proteger la identidad de los morosos. Ahora, agobiada por la falta de dinero, la administración recurre al cobro vía judicial a los morosos –en rigor la ley le obliga– con la esperanza de superar su estado crítico de falta de recursos.
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