El nivel al cual los dirigentes llevaron el debate diario parece indicar un convencimiento de que la población paraguaya que habitualmente sigue las noticias políticas es capaz de creer cualquier estupidez.
Posiblemente, la acusación contra un grupo de senadores de la oposición de preparar un magnicidio en un grupo de WhatsApp, a partir de que la senadora Masi consultó si se podía conseguir “un sicario de medio pelo” contra Cartes, solamente intenta tapar el bochorno que resultó de la recolección de firmas pro reelección que rubricaron muertos y aparecidos.
Esta tentativa risible sirve también para medir el nivel de audacia de algunos dirigentes que tal vez sea simplemente caradurez.
El partido de gobierno ha decidido avalar, con una seriedad digna de mejor causa, esta denuncia que tiene como única prueba las copias de conversaciones de WhatsApp donde están algunos senadores disidentes. La “evidencia” fue conseguida por Luis Canillas, asesor legal de una entidad binacional, de envidiable salario, sin conocimiento ni mucho menos orden judicial.
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Las conversaciones revelan más de lo que el oficialismo querría. Por ejemplo, en un intercambio de mensajes, la senadora Masi le dice al presidente del Senado, Roberto Acevedo, que deben conseguir que el narcotraficante brasileño Jarvis Pavão, preso en Tacumbú, dé los nombres de las personas del Gobierno a las que entregó dinero para pagar el rescate de Arlan Fick, secuestrado por el EPP.
El denunciante Canillas se escandaliza porque los opositores quieran conseguir el testimonio de un narco para iniciar un juicio político al presidente Horacio Cartes y al vicepresidente Afara. Pero no le preocupa que Pavão haya afirmado en un programa de TV el 16 de setiembre del año pasado que fue el nexo con el EPP para liberar a un secuestrado, echando por el piso la credibilidad y eficiencia de las instituciones de seguridad del Estado.
Si hablamos de revelaciones escandalosas, no hay que olvidar que el 19 de noviembre de 2014, en sesión del Senado, dieron una lista de narcopolíticos, que proporcionó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que la obtuvo “pinchando” algunos teléfonos. Las conversaciones inclusive se reprodujeron en el diario ABC en esos días. Los mencionados fueron los actuales diputados colorados Bernardo Villalba, Marcial Lezcano y Fredy D’Ecclesiis, el diputado suplente colorado Rubén Sánchez (a) Chicharõ, la parlasuriana Concepción Cubas y el exdiputado Magdaleno Silva (+).
Aquellas revelaciones no motivaron renuncias ni investigación ni pedidos de destitución. Ni siquiera el rubor de alguna autoridad partidaria. Nadie consideró que había algún peligro de desestabilización ni habló de la infiltración narco en el gobierno colorado de Horacio Cartes.
El hecho de que dirigentes oficialistas de larga carrera pública, senadores, diputados y ministros, se estén ahora jugando su poca o nula credibilidad, al punto de poner la cara por cuestiones sin ninguna seriedad, solamente puede significar una ambición sin límites, una presión insoportable o amenazas a su integridad física.
Tal vez nuestra extrañeza por su conducta se debe simplemente a que hay cosas muy graves que desconocemos. Por eso incurrimos en la ingenuidad, hasta ahora, de hablar sin miedo.
Ojalá, con algún resto de patriotismo, puedan contar a qué le temen y a qué nosotros también deberíamos temerle. Aunque más no sea para estar prevenidos.
mcaceres@abc.com.py