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Las informaciones allí contenidas son informaciones públicas de acuerdo a la Ley 5282/14. La Justicia Electoral es contralor y custodio de esa soberanía popular expresada a través de las urnas en cada elección. Equivocadamente, alguien ha convencido a los Wapenka, Bestard y Zambonini que no son custodios sino amos, dueños y señores del sufragio popular. Y tan mal entienden sus atribuciones que se niegan a mostrar lo que es su obligación hacerlo.
Cada cinco años esta fallida democracia nos recuerda a los paraguayos que la voluntad es nuestra. Que nuestro voto es la base de este régimen democrático y representativo. Que el voto es universal, libre, directo, igual y secreto. Que el escrutinio es PÚBLICO.
Si un jefe de Control de Calidad del sistema informático de Justicia Electoral es grabado diciendo que cobrará millones a un senador para entregarle las ACTAS IMPRESAS Y CARGADAS, todo el discurso constitucional se hace añicos. Y cae desbarrancado en el mismo abismo podrido de los robos de salud, trabajo, vivienda, educación... y votos.
Unas 48 horas después de proclamarse los ganadores de las últimas elecciones, Miguel Ángel Iturburo, jefe de Control de Calidad del TSJE (grabado confesando que cobró plata al senador Jorge Oviedo Matto) empezó a ofertar un vehículo que figura a nombre del UNACE. Año 2012, marca Lino Oviedo, chasis Lino Oviedo, cuya chapa BTJ716 está registrada por el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE). En una de las grabaciones, el funcionario del TSJE admite inclusive que los documentos del rodado se finiquitarán en la escribanía Oviedo Matto, propiedad del senador, a quien delata como autor del pago de entre 25 y 30 millones para que se IMPRIMAN y CARGUEN las actas.
Podemos entender que todos los asesores del TSJE se disputen la punta para afirmar que las expresiones de Iturburo son fanfarronerías de un avivado criollo. Es entendible que sigan esa misma línea aquellos que ocuparán cargos en el próximo gobierno, al fin de cuentas, si hay sospechas sobre unos cargos, también los hay sobre los otros. Y eso no les conviene.
Quienes no pueden asumir como ciertas y aceptar de plano esas explicaciones son los fiscales. Tienen la obligación de investigar, confirmar o descartar las sospechas; si así no lo hicieren, estarían encubriendo el robo de la voluntad popular. En otras palabras, serían cómplices de un gran robo.
La más grande equivocación que está cometiendo el TSJE es no mostrar las actas. Con el paso de las horas solo consiguen ir aumentando las sospechas y la desconfianza.
Imaginemos por un instante que al mostrar las actas se compruebe que en realidad el señor Iturburo fanfarroneó y facturó unos buenos millones a costa de otros, nosotros –los eternos desconfiados– tendríamos que callarnos y deglutir polietileno. Y los otros, tan institucionalistas, tendrían un punto a favor para decirnos “¡te dije luego!”.
Pero primero, ¡muestren las actas!
mabel@abc.com.py