Nada cambió

Hace una semana,  un equipo de policías del Departamento de Automotores llegó desde Asunción a Salto del Guairá con la única misión de "pelar" a los poseedores de autos mau. Según los afectados, en tan solo una tarde recaudaron millones y se mandaron mudar. Nada se sabe de decomisos porque no vinieron para eso.

El pasado 11 de enero,  el funcionario del Ministerio de Justicia y Trabajo Victoriano Ferreira fue detenido cuando recibía una coima de 300 dólares que exigió a un metalúrgico brasileño de la ciudad de Katueté. Según los documentos recabados, el mismo formaba parte de un equipo de "fiscalizadores" que en  diciembre fue puesto en acción por el jefe regional del Trabajo de Canindeyú, Néstor Daniel Uran, dirigente local del PLRA.

En la frontera seca con el Brasil hasta ahora funciona un denigrante puesto aduanero, donde además están apostados portuarios y policías e incluso militares.

No hace mucho tiempo el encargado policial de dicho sitio, suboficial Isabelino Fernández, fue separado del cargo porque supuestamente su jefe inmediato le exigió un aumento en la recaudación semanal. Recordemos que la Policía no es una institución recaudadora, o sea, le exigió para que aumente la coima.

Cito solo estos tres hechos por cuestión de espacio. Los sucesos que  denotan claramente que la corrupción campea en las instituciones públicas en esta zona son innumerables y prácticamente nada se avanzó en cambiar  la historia.

En el caso de la Policía Nacional con el tema autos mau, por ejemplo, la coima es toda una institución. Cada auto robado del Brasil que ingresa a territorio nacional debe pagar por hacerlo. Luego, el "comprador de buena fe" debe abonar a la misma Policía una especie de tasa por derecho de circulación en la ciudad  para no ser molestado por los patrulleros y, finalmente, debe abonar  gruesas sumas de dinero cuando son sorprendidos por Automotores.

Indudablemente que la responsabilidad del particular que se maneja en un auto irregular es grande, así como el de la patronal que desatiende los derechos laborales de su personal. Sin embargo, es mucho más grave cuando un funcionario investido por el Estado prostituye su función para apañar una irregularidad y  sacar beneficio particular del hecho.

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