Negociación de cargos y acecho de malvados

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La negociación de cargos que está en curso en estos días entre los actores políticos de nuestro país no se diferencia mucho de la que se dio en otros periodos presidenciales. Con lo cual, haciendo lo mismo, es difícil esperar resultados distintos, en el sentido de que se produzca la gran mejora institucional que precisamos.

La lista de cargos en juego es muy variada. Básicamente, se trata de vacancias en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, la Defensoría General y las mesas directivas de las cámaras del Congreso.

En el Poder Judicial, uno de los que tiene peor imagen a ojos de la ciudadanía, ya se cambiaron en esta administración dos ministros de la Corte Suprema y se renovarán cuatro más en los próximos meses, según está planeado. El último cambio se dará en enero de 2020, cuando culmine el mandato de Miryam Peña.

Los dos primeros cambios en el máximo tribunal fueron irreprochables. Posiblemente, por una cuestión de guardar las formas o por preservar una imagen de institucionalidad, mezclada con una dosis de azar, se eligieron a los candidatos mejor evaluados técnicamente de cada una de las dos ternas.

Sin embargo, en la siguiente terna integrada por el Consejo de la Magistratura y que ya se encuentra en manos del Senado, se instalaron las dudas con denuncias y renuncias de algunos candidatos de buen perfil y buena puntuación en la evaluación técnica.

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El presidente Mario Abdo Benítez tiene encima la presión de saber que los cambios que desea y pretende los hará ahora, cuando aún conserva la iniciativa y tiene fortaleza política, o ya no los podrá hacer más adelante.

Por esa cuestión coyuntural, tras el primer buen paso en la Corte, aparentemente ahora se optará lisa y llanamente por el “método” de los cupos para los distintos sectores políticos.

La distribución que resulte estará relacionada con el peso en votos que tenga cada sector político, particularmente aquellos representados en la Cámara de Senadores.

El éxito de la iniciativa dependerá entonces de la habilidad que tengan los actores políticos para que todos esté conformes con lo que finalmente obtengan.

En otros países, en los cuerpos colegiados como la Corte Suprema de Justicia, se suele intentar un equilibrio en su conformación entre conservadores y progresistas, con una ligera preeminencia de algunas de esas tendencias.

En Paraguay, donde el pensamiento progresista sigue siendo una rareza o una excepción, a lo más que se puede aspirar es a que en las instituciones por lo menos estén representados sectores de poder económicos o fácticos distintos, en un equilibrio inestable.

La situación en la que estamos de debilidad institucional promete prolongarse en el tiempo. La posibilidad de que esto cambie y de verdad se respete la independencia de los poderes, la igualdad y el derecho de todos los paraguayos y paraguayas establecidos en la Constitución seguirá dependiendo de dirigentes que eviten colocar en primer lugar sus intereses personales o grupales y que tengan la capacidad de pensar en un país mejor para todos.

La alternativa, difícil y tal vez hasta utópica, es que las ciudadanas y ciudadanos más lúcidos de nuestro país se involucren cada vez más y participen abiertamente en las cuestiones públicas, no solamente con sus votos cada cinco años, teniendo en mente la alternativa que planteaba Platón en su obra La República: “El precio que los hombres buenos pagan por la indiferencia con respecto a los asuntos públicos es el de ser gobernados por los hombres malvados”.

mcaceres@abc.com.py