La respuesta no es simple. Ofrecer servicios de educación no es lo mismo que vender ropas en un shopping o verduras en el mercado. La educación básica es un derecho constitucional de todo ciudadano y la formación superior se considera un bien público aunque sea brindada por universidades privadas.
Aceptados tales principios, el tema se complica al agregar que una empresa del sector privado tiene el legítimo derecho a generar lucro con su actividad comercial. La educación superior es cara porque demanda una buena infraestructura, equipamientos, bibliotecas y un plantel de profesores de primer nivel, todo lo cual se puede conseguir solo con una fuerte inversión de capital. Aquí aparece la palabra clave, capital, la cual nos remite inevitablemente a rentabilidad y negocios. Si alguien pone mucha plata en un emprendimiento, es con el objetivo de obtener un retorno monetario, no es para hacer caridad.
La calidad en la educación también es cara por las instalaciones edilicias, los laboratorios, los equipos tecnológicos y docentes capacitados que deben ser bien pagados. Entonces, en las universidades privadas los cálculos económicos y administrativos forman parte del proceso de gestión de los directivos. Si no fuese así, estos centros de educación superior irían a la quiebra en poco tiempo.
El gran desafío del financiamiento de la educación superior es encontrar el justo y delicado equilibrio entre el nivel de la educación que se brinda y el precio que se cobra. Por supuesto que son inaceptables y deben ser denunciados como delincuentes los dueños de ciertos institutos y universidades que estafan a sus alumnos con carreras que están lejos de satisfacer los requisitos legales mínimos y que no aceptan el control de calidad por parte de la agencia oficial Aneaes. Estos sí son comerciantes inescrupulosos que deben ser denunciados y sancionados por utilizar la educación para fines ilegítimos.
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Pero también están los empresarios que invierten en la educación superior con buenas intenciones y se esfuerzan por brindar un servicio de calidad, dentro de las comprensibles limitaciones en un país subdesarrollado como el nuestro. No podemos exigir la calidad de Harvard con los recursos de la población asuncena o de la gente del interior.
Los problemas sociales y culturales complejos no se resuelven con simples resoluciones ministeriales. Corresponde tomar conciencia de lo que está mal y debe ser corregido, pero mejorar sustancialmente la educación superior es un proceso lento y difícil que demandará bastante tiempo, en un esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado.
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