Ferrer utilizó más de G. 8.700 millones para obras sin llamar a licitación, en abierta violación de la Ley 2051/03 “De contrataciones públicas”, según Contraloría General de la República.
Esto, si bien es una mera falta administrativa, abrió la posibilidad para la comisión de varias irregularidades, que de comprobarse configurarían en delitos de lesión de confianza, daño patrimonial y estafa.
La falta de celeridad en las averiguaciones para reunir pruebas que pudieran sustentar una imputación y posterior acusación, que permita una condena ejemplar, motivó a preocupados pobladores a acudir a la sede de la Fiscalía en varias oportunidades. El fiscal adjunto Patricio Gaona, por su parte, y la encargada de la investigación, Viviana Riveros, pintaron un negro panorama.
Dijeron, entre otras cosas, que en gran medida la investigación no depende del Ministerio Público sino de otras instituciones a las que se les debe pedir informes, y están prácticamente sometidos a la voluntad o disponibilidad de estas en prestar su colaboración. Es más, Gaona dijo que existen solo dos peritos de obras para todo el país.
Resulta vergonzoso e inaceptable que el Ministerio Público no busque los mecanismos para acelerar los procesos. El valioso tiempo que desperdician es aprovechado por los sospechados de corrupción para borrar huellas, “arreglar” errores.
La Fiscalía da pie a que todo termine en lo de siempre: sin pruebas, sin condenados. La justicia una vez más da la espalda al pueblo otorgando impunidad a las autoridades que seguirán disponiendo de manera discrecional de recursos destinados a mejorar el nivel educativo de miles de niños y adolescentes.
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