El inicio de las clases está fijado para el próximo día 21 y el martes pasado el ministro de Educación, Eduardo Petta, dijo: “(Hay) 216 aulas en crisis, rojo. Yo no te voy a mentir. En todo el país, 216 que están como en Tacuatí y se hizo el llamado de urgencia, porque si vas a empezar a terminar esto, van a terminar en mayo, junio o julio y mientras tanto (dan clases) bajo árboles. Tenemos que dignificar a nuestros niños y ponerles el aula prefabricada”.
¿Cuándo se enteró el señor ministro que las clases tenían que comenzar en este mes de febrero? ¿El martes último? Todo me lleva a pensar que desde meses antes de jurar como ministro sabía ya que, posiblemente desde la época de Don Carlos Antonio López, a mediados del siglo XIX, las clases comienzan en febrero o marzo a más tardar. Si es así, por qué se esperó a que faltaran nada más que tres semanas para el inicio del curso para darse cuenta que hay 216 aulas –¿o escuelas?– que están “como las de Tacuatî”, vale decir, en completa ruina.
El ministro Petta recurrió a la sinceridad para escudarse atrás de ella: “Yo no te voy a mentir”. Ni falta hace. La verdad está a la vista de todos quienes deseen verla. Pero sus explicaciones no solucionan el problema ni mucho menos puede justificar la ineficacia de un sistema administrativo que no puede solucionar problemas básicos de infraestructura. Un problema que se viene arrastrando desde muchos años atrás. Como tampoco no nos satisface saber que dicho ministerio fue víctima de un intento de chantaje por parte de las compañías constructoras y de los fiscalizadores. Hay herramientas legales que se pueden aplicar en estos casos. Es elemental.
Pero hay más; mucho más. Tiempo atrás se dijo que se necesitaban seiscientos millones de dólares para poner en condiciones todas las escuelas del país. Pues bien, el Fonacide entregó, en este tiempo, cuatrocientos millones. De acuerdo a datos proporcionados por José Verdecchia con este dinero se podría haber solucionado el problema del 70% de los locales escolares. Vale decir, aproximadamente 5.600 de los 8.000 existentes. Pero, según el ministro Petta, el año pasado dijo que escasamente 1.500 escuelas estarían en condiciones más o menos aceptables en cuanto a infraestructura.
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Es impostergable preguntarse entonces: ¿qué pasó con el dinero entregado por Fonacide? ¿Adónde fue a parar? ¿Quién se lo robó? Hasta el momento, que yo sepa, no hay nadie en la cárcel, ningún intendente, ningún gobernador, ninguna de aquellas personas que recibieron el dinero y tuvieron a su cargo administrarlo como era debido.
Se llega así al enunciado de este artículo sobre subdesarrollo: los problemas cambian de nombre pero siguen estando allí. Y como decíamos en aquellos teoremas de matemáticas en la época de colegio: “Que es lo que queríamos demostrar”. Lastimosamente esto no consuela a los niños que deben dar clases debajo de un árbol.
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