En 20 años de gobierno democrático, desde 1993 hasta 2013, se sucedieron en el cargo de gobernador 10 políticos y tuvieron a su cargo la administración de más de G. 350.000 millones. Sin embargo, no pudieron solucionar el problema de caminos, muchos de ellos fueron imputados y condenados por desvío de fondos de la institución.

En 2015 el Estado paraguayo destinó G. 30.000 millones para que las empresas viales Jónica, Edibiza, Proel y Coldetec reparen y acondiciones más de 600 kilómetros de caminos del departamento para que ya no haya aislamiento. Funcionarios del MOPC que fungieron de fiscalizadores concluyeron que los trabajos reúnen las especificaciones técnicas, pero en menos de 30 días de haber culminado las tareas y con las primeras lluvias la red vial quedó destrozada y la población incomunicada.

En tanto, la reparación o construcción de nuevos muros de defensa costera en las poblaciones ribereñas es una muestra del desinterés del MOPC. Ahora miles de personas corren peligro de sufrir los efectos de inundaciones ante la alarmante crecida del río Paraguay.

Las autoridades nacionales no toman en serio la seguridad de los pobladores, que también son paraguayos y defienden la soberanía en estos territorios lejanos.

La Cámara de Diputados declaró en emergencia al departamento por seis meses, tiempo en el cual se destinarán millonarios montos de dinero, de lo que el Estado no está obligado a rendir cuentas. Esperemos que los recursos sean utilizados en forma correcta y se apliquen soluciones definitivas para poner fin a los sufrimientos de los chaqueños de esta parte del país.

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