Sin embargo, los índices que miden la calidad de nuestra educación pública indican que todo ese enorme esfuerzo del pueblo paraguayo –pues con plata que cada paraguayo contribuye se solventan esos recursos– viene produciendo desde hace más de veinte años los peores resultados del mundo.

No se trata solo del vaciamiento de los contenidos impulsado por los protagonistas de la “reforma educativa”, la misma gente que ahora se aglutina en la organización “no gubernamental” (ONG) “Juntos por la Educación”, con base en lineamientos de un acuerdo de la fundación Avina con la orden jesuita, aunque este vaciamiento también es calamitoso.

Se trata principalmente de la desinstitucionalización provocada por esa gente, admitida por políticos ineptos a los que ahora esa gente que los usó atribuye toda la culpa del desastre para seguir impune en todo lo que lo ocasionó.

No hace falta leer “Por qué fracasan los países”, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, o “La Riqueza de las Naciones”, de Adam Smith, para saber que la base de la eficiencia de un Estado es su nivel de institucionalización.

La institucionalización es reemplazar las acciones personales, por poderosas que sean, por procedimientos consentidos por todos y, esto es lo más importante, controlables por todos. El procedimiento permite el control, la transparencia permite el acceso general al control, y el control es el principal instrumento de eficiencia que tienen las sociedades para el logro de sus fines.

La gente que se aglutina ahora en “Juntos por la Educación” contribuyó decisivamente a destruir hasta sus cimientos la precaria institucionalización que existía en la educación pública paraguaya.

La piedra fundamental de este proceso fue disgregar la autoridad sobre la educación pública separando la función administrativa, que permaneció en el ministro de Educación, de la autoridad académica, que fue transferida a unos consejos que van variando con el tiempo, integrados por agentes autonombrados, autocráticos.

Con eso, el ministro de Educación dejó de ser exigible con respecto a la política académica y los consejos no son exigibles con respecto a la política administrativa.

Pero hay algo todavía peor. Los consejos integrados por agentes autonombrados lograron en poco tiempo que el ministro de Educación les asignara recursos, con la excusa de una política académica, sobre los que no tiene control alguno, perdiendo también la vigilancia de gestión sobre cada vez más recursos.

Este es el famoso “blindaje” de fondos para la educación, que fue así sustraído del control republicano y democrático para depositarlo en un “Fondo de Excelencia” cuyas asignaciones son muy difícilmente escrutables por el pueblo.

El último paso de este proceso fue sustraer al Ministerio de Educación la capacidad de formular incluso sus estrategias, para depositarla en una entidad especial de Hacienda. Y tercerizar la gestión en entidades privadas que no están sujetas al control estatal.

El resultado es nuestra educación destruida. Y es grave que haya gente que aún pretenda que los responsables de esta catástrofe sigan manejando nuestra educación pública cuando lo correcto es abrir una investigación penal sobre sus manejos.

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