Para entender el porqué de esta definición hay que ir a la raíz etimológica, originaria del griego antiguo.

Ídios representaba en la antigua Grecia el concepto de lo privado, lo particular.

El idiota era entonces quien se ocupaba solo de sus intereses privados e intereses particulares, sin involucrarse en la vida pública, la de la polis.

Y es sabido el gran interés que tenían los hombres libres en ese momento y lugar de la historia, en involucrarse en la vida colectiva para entender y reflexionar sobre sus formas de organización.

De allí que se transformó en un insulto calificar a alguien de idiota, reduciéndolo a la idea de una persona con una mentalidad estrecha, incapaz de entender y participar en la articulación de la sociedad y de los intereses públicos.

Resumiéndolo, en la antigua Grecia ser un idiota era deshonroso por no estar involucrado en la democracia.

Algo que en nuestros tiempos actuales podría equipararse a establecer una diferencia entre un simple habitante y un ciudadano.

El caso es que con el Metrobús nos vinieron tratando de idiotas todo este tiempo.

Contrataron a una empresa portuguesa de cuestionados antecedentes y fueron adecuando el discurso y el proyecto tantas veces como fuera necesario.

No realizaron expropiaciones ni garantizaron autorizaciones municipales y todo se fue haciendo sobre la marcha.

Aún recuerdo por ejemplo a los famosos y eternos asesores mareándonos con las versiones sobre si estaría movido a electricidad o a gasoíl.

Ahora esta empresa, la Mota Engil, decide abandonar la zona de obras, o zona de desastre, tras haberse embolsado 21 millones de dólares por los trabajos inconclusos.

Centenares de personas, entre empleados y comerciantes, perdieron sus trabajos o vieron enormemente afectadas sus vidas al disminuir considerablemente sus ingresos. Eso sin hablar siquiera de las cientos de miles que se ven afectadas diariamente en el tránsito de la que para muchos especialistas es, en términos de ingeniería, una pequeña obra que ni se compara a otras de infraestructura.

Suelo citar recurrentemente un informe de hace varios años del Banco Mundial, en el que se menciona al área de las obras públicas, como una de las más difíciles para rastrear y documentar la corrupción, ya que se requiere de una alta pericia técnica multidisciplinaria y un sostenido trabajo especializado para ir registrando las irregularidades en la ejecución de un proyecto.

Todo esto pese a que es tema de comentario frecuente entre los muchachos, que si no hay un porcentaje para los administradores, los proyectos, contratos y licitaciones no se adjudican o los desembolsos se van paralizando a modo de presión.

El Ministerio de Obras Públicas anuncia ahora una demanda a la constructora portuguesa por abandono de trabajos y un subsidio a los comerciantes, que saldrá de un préstamo que deberá pagar el Estado, es decir todos nosotros, al Banco Interamericano de Desarrollo.

Por eso es que aquí alguien debe dar la cara, comenzando por el exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona, cara visible del proyecto cuando fue adjudicado.

Tenemos demasiadas historias con negocios turbios hechos a costilla de las obras financiadas con dinero público, a nivel nacional, departamental y municipal.

Es por eso que también la fiscalía debería actuar de oficio al estar de por medio un altísimo interés público.

Y ahora que todo es evidente, es de esperar que no vuelvan a salir los verdaderos idiotas, a seguir diciendo que quien realiza críticas o cuestionamientos a oscuros proyectos como este, solo buscan ponerle palos a la rueda del progreso en el país.

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