El problema de la inseguridad no parte solamente de un presupuesto básico de precariedad que también le afecta y por ende limita su desarrollo hacia la eficiencia ya que, además de la falta de recursos humanos idóneos y económicos, tropieza también con la corrupción, que si bien es transversal a toda la administración pública, en el campo de la seguridad particularmente la mezcla de corrupción y manejo exclusivo del poder coercitivo se convierte en una bomba de tiempo.
Se ha publicado en estos días que en la ciudad de Caacupé la comisaría policial cuenta con 90 agentes, de los cuales 60 están destinados a custodiar exclusivamente a políticos y jueces con residencia en ese lugar, mientras aumenta considerablemente el índice de delincuencia que tiene en jaque a la población, tanto urbana como rural.
El concepto de seguridad evolucionó rápidamente desde la caída del Muro de Berlín. En aquella época la doctrina de seguridad nacional permeaba todas las decisiones que los gobiernos adoptaban de acuerdo con patrones ideológicos en curso, donde había dos tipos de delincuentes: los que cometían delitos comunes y los que las dictaduras inventaban y que en realidad eran políticos que se atrevían a desafiar al sistema.
Luego de la retirada de los militares a sus cuarteles en la década de los ochenta y noventa; de la doctrina de la seguridad nacional se pasó al concepto de seguridad pública, según el cual el Estado tiene el monopolio del custodio y la prevención de los delitos a través de sus órganos de seguridad y justicia más bien para cuidarse a sí mismo. Luego se desarrolló el concepto de la seguridad ciudadana que implica un involucramiento de la ciudadanía en la tarea de prevención y cuidado, además de forzar al Ministerio Público a bajar hasta los barrios para atender las demandas generadas por las acciones delictivas.
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En Paraguay rige la combinación de los dos conceptos.
Por un lado el de seguridad pública para el cual es más importante la seguridad del Estado, razón por la cual las fuerzas militares y gran parte también de las policiales se destinan a la custodia de las autoridades, sus familiares y de los propios locales de instituciones públicas.
Por otro lado la seguridad ciudadana que apenas constituye un ensayo en puntos focales donde la población cuenta con alguna capacidad de organización y gestión para la autodefensa.
Pero la experiencia de Caacupé, una ciudad relativamente pequeña, donde los pobladores aún se conocen, demuestra que las instituciones de seguridad, en especial la Policía, se aferran al método discriminatorio de privilegiar la seguridad de magistrados, legisladores, gobernadores, intendentes y otros por encima de la igualdad que debe existir entre los miembros de la sociedad.
Ya sucedió en más de una ocasión que la Policía ha cerrado casos mediante la presión ejercida sobre ella a través de distintos medios y recursos sociales, única forma de priorizar los casos a resolver.
Sin embargo, en estos días de severo ataque de delincuentes a la ciudadanía se observa que la prioridad de la Policía sigue siendo la seguridad de las autoridades. La ciudadanía puede continuar lidiando con la cotidiana delincuencia que la agobia, la mutila y la mata lentamente.
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