La OEA, por ejemplo, lleva más de medio siglo haciendo observación electoral, lo mismo la Unión Europa, desde su fundación, y otros varios organismos internacionales asociados a sus partner nacionales, además de países que integran bloques regionales.
Se firman aparatosos convenios al más alto nivel, se realizan invitaciones protocolares, se forman frondosas delegaciones que realizan conferencias de prensa, entregan un informe y se mandan mudar. Luego recuerdan a través de la prensa algunos puntos de sus observaciones, pero al parecer es solo para ser tenidas en cuenta para las próximas elecciones.
Mientras las observaciones electorales se entretienen en detalles de errores y defectos menores, los “grandes electores” se toman su tiempo para transgredir en sus narices no solamente el código electoral, sino también el código penal, la Constitución y los más caros principios democráticos y de derechos humanos.
Ahí tienen dos ejemplos cercanos:
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1. El Presidente de la República dejó de ser presidente de los paraguayos para convertirse en operador colorado, desde hace tiempo. Viene pisoteando la Constitución desde que buscó la reelección, pero ohh claro, olvidé tenerlo en cuenta, ese no es campo de la observación electoral. Ellos no tienen por qué decirlo públicamente: Señor Presidente, usted no puede ser candidato a senador activo ni tenía derecho a buscar la reelección, y menos permitir el asesinato de un dirigente liberal en el local de su partido con las balas asesinas de la policía.
Entonces vayamos a lo netamente electoral. En su discurso en Ñeembucú, afirmó que quienes no votan por la lista del Partido Colorado de punta a punta deben ser expulsados del partido, y además aclaró que es inútil que quieran engañarlo porque “se sabe” (lectura comprensiva: voy a enterarme quiénes votaron por el partido y quiénes no).
Pero ohh claro, nuevamente no tuve en cuenta que para los observadores fue apenas una expresión de deseo, un discurso electoralista. No es una amenaza a las personas –a quienes el Presidente ya las tiene identificadas– a ejercer su derecho a la disidencia, a ejercer el voto secreto.
2. En esa misma línea amenazante y discriminatoria, el candidato presidencial del continuismo, Mario Abdo Benítez, dijo que “sus ministros” usarán pañuelo rojo al cuello y que estos serán vigilados por delegaciones partidarias para ver si cumplen.
Viniendo de donde provienen, son amenazas del poder real de uno y poder potencial del otro, además de la situación de subalternidad de sus audiencias: personas dependientes del presupuesto estatal para la subsistencia, previa demostración de lealtad partidaria obligatoria.
Entonces, señores observadores internacionales, vayamos a lo más universal: al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los Estados partes a “respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole”.
Si el Presidente de la República ignora también este instrumento ratificado por Paraguay, ¿a quién se supone que debemos recurrir? Si ya sé, dirán: hagan lo que dice Herber Spencer: “Si es un deber respetar los derechos de los demás, es también un deber mantener los propios”. Si es lo que la comunidad internacional dijo a cubanos, nicaragüenses y venezolanos y la gente aquí no reacciona el 22 abril próximo... prepárense a soportar cosas peores porque nadie garantizará sus derechos, ni aquí ni afuera.
ebritez@abc.com.py