Y mientras tanto, Daniel Ortega se escabulle, pero sin dejar de seguir las instrucciones del viejo Fidel: no dejar ni ceder el poder por ninguna razón.
Las noticias desde Nicaragua muestran que la situación, si no es peor que la de Venezuela, va camino a ello.
No está claro cuántos son los muertos, si 325 o 561, y los detenidos 340 o 767. El gobierno Ortega-Murillo admite 199 muertos y 340 detenidos. Qué bueno.
A ello se suman cientos de exiliados y de desaparecidos, más la represión permanente y hasta golpizas en las cárceles.
Todo espantoso. Un juez de nombre Edgard Altamirano condenó a 216 años de cárcel a Medardo Mairena, líder campesino que participó en el Diálogo Nacional como parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Lo acusan de ser el responsable intelectual de la muerte de cinco policías, de 11 secuestros y algunos delitos más, según el magistrado. Este mismo señor –Edgard Altamirano– condenó por el mismo caso a los dirigentes campesinos Pedro Mena y Orlando Icabalzata, s 210 y 159 años de prisión. El señor Altamirano no tiene freno: la fiscal había pedido 73 años para Mairena y 63 y 59 respectivamente para los otros dos dirigentes.
Altamirano será el juez que juzgará el próximo 18 de marzo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, presos desde diciembre pasado acusados de terrorismo. Ortega y Murillo los acusan de hacer terrorismo; el delito que cometieron fue informar. Altamirano será el encargado de decidir.
Miguel Mora es el director y propietario del canal de televisión 100 Noticias, y Lucía Pineda es su jefe de prensa. A fines del año pasado el canal fue allanado por fuerzas policiales y aquellos fueron detenidos, y hay otros tres periodistas requeridos ya en el exilio. Los cargos: “fomentar e incitar al odio y la violencia“, y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
Como toda dictadura que se precie, la de Ortega-Murillo ha terminado con la libertad de prensa. No quieren que se sepa lo que hacen.
Y hay noticias que pueden ser peores. Parece que el gobierno nicaraguense ha aceptado discutir con la Secretaría General de la OEA reformas a su sistema electoral, descartando de entrada un adelanto de las elecciones previstas para noviembre del 2021, que es lo que la oposición, la iglesia, los estudiantes y todo el mundo reclama. Casi tres años –33 meses– es mucho tiempo: ¿cuántos serán los muertos y los presos y los desaparecidos? ¿Hasta qué límites llegará la represión?
¿Y todo ese tiempo sin libertad de prensa, de asociación y de reunión como hasta ahora?
Ortega-Murillo siguen los paso de Maduro: ganar tiempo. El venezolano, con distintas ayudas en cada momento –Rodríguez Zapatero, el Papa Francisco, dos o tres presidentes vecinos, el gobierno uruguayo del izquierdista Frente Amplio y algunos europeos en los que nunca hay que confiar mucho–, ha conseguido continuar en Miraflores.
Aparentemente los de Nicaragua quieren involucrar al Secretario General de la OEA con este intento de ganar tiempo. Se supone que no tendrán mucha suerte; el Secretario de la OEA ha solicitado para el régimen nicaragüense –acusado ya de delitos de lesa humanidad– la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Y Ortega y Murillo no pasan esa prueba: bastan para desnudarlos los informes de la propia Comisión de Derechos Humanos y del Relator para la Libertad de Expresión, de la OEA.
Con lo que se vive hoy en Nicaragua, con ese estado de situación, hablar de reformar y reforzar el sistema electoral parece una broma, un chiste de muy mal gusto.
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