Perseguidos políticos

Resulta sorprendente la cantidad de “perseguidos políticos” que han aparecido en los últimos meses en nuestro país, coincidiendo, casualmente, con variadas imputaciones, unos cuantos juicios y un creciente número de investigaciones fiscales, que llevaban años durmiendo en cómodos cajones, que ahora se despertaron de sus largas e interesadas siestas.

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Sin importar la abundancia de evidencias y pruebas, sin importar la gravedad del delito, sin importar la magnitud del abuso, sin importar que el volumen de dinero faltante sea multimillonario y por último, pero no menos importante, sin importar que nadie le crea, cuanto político o funcionario es acusado de corrupción se declara automáticamente “víctima” de una persecución política.

De González Daher a Carlos Portillo, de Oviedo Matto a Sindulfo Blanco, de Milciades Duré a José María Ibáñez, de Ulises Quintana a Freddy D’Ecclesiis, etc., etc., etc. Todos se declaran perseguidos, ya sea por sus adversarios políticos o por investigadores de delitos malintencionados.

A decir verdad, no solo aducen persecuciones en sus declaraciones públicas, sino también en los estrados judiciales, donde se la pasan recusando a mansalva a cuanto fiscal o juez no está dispuesto a felicitarlos y enviarlos a su casa con unas afectuosas palmaditas en la espalda, una desestimación de la causa, una sentencia de inocencia o, en los casos más difíciles, con una declaración de que su delito fue apenas una travesura.

A la vista de la persistencia con que nuestro legislativo intenta blindarse, sin la menor vergüenza, y evitar a sus miembros cualquier molestia, derivada de las múltiples investigaciones por enriquecimiento ilícito, lo que los ciudadanos vemos no son “perseguidos políticos” sino más bien “protegidos políticos”.

Resulta hasta gracioso ver a tantas personas repetir hasta el cansancio una excusa que no solo nadie cree, sino que hasta los más ingenuos de los “ciudadanos comunes” (diría Portillo) del Paraguay hemos llegado a considerar un reconocimiento implícito de culpabilidad… Solo se declaran “perseguidos políticos” aquellos que en realidad no tienen ningún argumento para demostrar inocencia.

Quizás lo repiten tanto porque han llegado a creerlo, a partir de un razonamiento perverso que les permite cometer cualquier atropello sin sentir culpa… Tradicionalmente ese pensamiento se ha traducido en unas frases que también se escuchan repetidas hasta el cansancio: “Así no más es la política”, “Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo”, etc.

Lo que en realidad quieren decir estos disparatados argumentos es que la actividad política es en esencia delictiva, una especie de patente de corso, una carta blanca para delinquir sin medida y sin consecuencias… “Para ser de los nuestros hay que robar, aunque sea un poquito”, dijo públicamente y más de una vez el finado Blas N. Riquelme.

Llevando a sus últimas consecuencias ese razonamiento, lo que se perseguiría no es el hecho punible por su condición de delito, sino solo los que cometieron aquellos políticos que por algún motivo cayeron en desgracia y no tienen suficiente respaldo y entonces sus tropelías, impunes por mucho tiempo, se convierten en escandalosos robos, abusos de poder, nepotismos, abusos de confianza y la justicia comienza a actuar.

Visto desde esa patológica perspectiva (que se parece mucho a la de los delincuentes comunes que justifican un homicidio porque “iba a robarle y se defendió” como si robar fuera un derecho y defenderse un crimen), no resulta tan raro que tantos encumbrados delincuentes de guante blanco persistan en el disparate de declararse “perseguidos políticos”, a pesar de que solo conduce a confirmar su culpa y a recibir cataratas de burlas de los “ciudadanos comunes”.

rolandoniella@abc.com.py

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