Poco se evalúa acerca del “factor narco”

Pese a los crímenes violentos que se sucedieron en los últimos meses en el norte del país y a los indicios de que la narcopolítica se fortalece cada vez más en el Paraguay, casi nadie analiza ni se pregunta mucho cómo incidirá esta cuestión en el próximo y cercano escenario político-electoral.

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Parece como si el tema no fuera importante pese a que realmente todos saben que lo es.

Leemos o escuchamos regularmente –mucho más en estos últimos meses– acerca de ejecuciones y atentados en los departamentos de Amambay, Canindeyú o Concepción, con el ánimo de que son cosas que ocurren en algún lejano punto del planeta. Pero se trata de Paraguay.

Varios de los asesinatos están relacionados, de alguna u otra manera, con el mundo político, sea local o nacional. Aunque de eso no se hable mucho.

Quienes vivimos en los centros urbanos pretendemos no vincular la violencia cada vez más insistente en el norte del país con nuestra realidad política y social.

Según cifras que maneja la Policía Nacional en Amambay, solo en ese departamento hubo en junio de este año 10 homicidios, en julio 14 homicidios y en agosto 18 homicidios. Nadie parece considerar que algo fuera de lo común pasa en esa zona.

El 20 de noviembre de 2014, ante el pleno del Senado, se leyó una lista de 6 políticos vinculados con el narcotráfico, según datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). De ellos, cuatro son legisladores actualmente en funciones, otro era legislador suplente y el otro un exlegislador. Este último, el exdiputado Magdaleno Silva, murió acribillado 5 meses después en Yby Yaú, Concepción, junto con uno de sus hijos y otras dos personas.

El 16 de octubre de 2014 fueron asesinados a tiros en Curuguaty, el periodista Pablo Medina, corresponsal de ABC Color, y una de las personas que lo acompañaban en ese momento en el vehículo, Antonia Almada. Por estos crímenes está procesado el exintendente colorado de Ypejhú, Vilmar Acosta.

Más cercano en el tiempo, el 15 de junio de este año, fue asesinado en pleno centro de Pedro Juan Caballero el empresario de frontera Jorge Rafaat Toumani. El crimen se relacionó con Jarvis Pavão, un narcotraficante preso en Paraguay que dijo, en declaraciones profusamente difundidas en varios medios, que era una suerte de benefactor económico del Estado paraguayo.

Preguntarse si estos hechos se pueden asociar al crimen organizado directamente vinculado a la política nacional es como preguntar si ese felino que tiene cuatro patas, anda por el tejado, tiene bigotes y dice miau es un gato.

Otra cuestión a considerar es si el Gobierno tiene alguna política de Estado concreta para enfrentar este flagelo. Aunque, a juzgar por la falta de resultados, parecería que no.

Por fuera de la diaria discusión mediática, algunos dirigentes políticos reconocen que esta “guerra” que se desarrolla frente a nuestros ojos tendrá incidencia importante en nuestro futuro electoral inmediato.

En las internas de los partidos del año próximo habrá dinero para que algunos candidatos ganen y otros pierdan y no habrá nadie que pueda controlar. De hecho, ningún representante de los organismos de control del Estado se escandalizó de que el reciente festejo por el aniversario de la ANR, que costó arriba de los US$ 150.000, haya sido financiado en su mayor parte por una sola persona, cuestión prohibida por el Código Electoral.

La única forma de poner algún freno a esta situación es que las instituciones de nuestra democracia realmente funcionen. Lastimosamente, es posible que todo deba empeorar mucho más antes de que haya una reacción seria. Si es que la hay y si es que para entonces no es ya demasiado tarde.

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