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Los casos de manipulaciones de datos para acceder a la pensión alimentaria de la tercera edad con la ayuda de políticos no tienen nombre. El programa que debe beneficiar a personas que sobreviven en extrema pobreza se volvió verdadero negocio de intendentes, concejales, caudillos y otros. Muchos de estos políticos corruptos, con jugosas remuneraciones, consiguen la pensión para sus padres, tíos o amigos que tienen buen pasar y dejan de lado a la gente pobre.
Un claro ejemplo es el caso del intendente de J. Eulogio Estigarribia, Derlis Espínola (colorado cartista), que tiene una remuneración mensual de G. 20 millones y de su hermano el diputado Édgar Espínola, también de Colorado Añetete, que percibe unos G. 33 millones por mes. El padre de ambos, Lorenzo Espínola Almirón (67), cobra en forma mensual G. 500.000 de pensión alimentaria de la tercera edad.
Espínola Almirón cuenta con casa digna y recorre la ciudad en una camioneta de la marca Nissan Navara que supuestamente es uno de los hijos.
El caso de los Espínola sería solo una muestra de cómo los políticos se aprovechan de su influencia para conseguir beneficios que no les corresponden.
Mientras tanto, en Coronel Oviedo, tres hermanas: Estelvina (109), Blanca (99) y Benefrida Benítez Monges (83) sobreviven en medio de carencias en el asentamiento Villa Clarita.
Solo una de ellas cobra la pensión alimentaria para adultos mayores de G. 500.000 mensual, monto que no alcanza para cubrir gastos de medicamentos y pañales de la beneficiaria. Las tres mujeres no tienen familiares ni amigos políticos y hace años viven en la total carencia. Así como ellas, cientos de abuelitos viven en condiciones inhumanas en diferentes distritos.
Si la gente no denuncia este tipo de hechos se convierte en cómplice del sistema que corroe todos los estamentos de nuestro país y el saqueo al Estado no terminará. Los ciudadanos deben ser contralores del uso trasparente de los recursos públicos.
victor.barrera@abc.com.py