Por qué licitar es mejor que ceder electricidad (I)

Una interesante muestra del éxito momentáneo de la agenda de los políticos estatistas, prebendarios y clientelistas, de composición multicolor y transversal, que junto a avivados líderes sindicales y empresarios mercantilistas colgados del poder, está evidenciada en el tratamiento institucional dispar, antagónico y arbitrario brindado por el Estado paraguayo a la utilización de sus recursos naturales que tienen alto impacto en la vida económica nacional. Analicemos puntualmente los criterios para la explotación comercial del espectro electromagnético, de la energía de los hidrocarburos y de la energía de las hidroeléctricas binacionales.

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Por un lado tenemos que el espectro electromagnético, cuya asignación en bloques de frecuencias el Estado otorga por concesión temporal, últimamente mediante licitación en libre concurrencia, a empresas privadas quienes lo destinan, según sus mejores experiencias y capacidades, para ofertar diversos contenidos para la ciudadanía, la que finalmente decide quien es exitoso y quien no, mediante su voto de preferencia diaria. Solo a unas minorías de ciudadanos se les ocurriría sostener que la mejor asignación del bloque radioeléctrico de AM, FM y TV ocurriría por medio de un monopolio a favor de Radio Nacional, Paraguay TV o entregando monopólicamente los bloques de frecuencia celulares solamente a la alicaída empresa operadora celular estatal.

La asignación de bloques de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a varias empresas privadas locales o extranjeras es normal, no causa traumas, el Estado gasta brutas sumas de dinero para la atracción de inversiones privadas internacionales y el negocio es fomentado con incentivos fiscales. A contrario sensu, eventualmente una política de Estado de corte bolivariano, basada en la entrega de los bloques exploratorios de hidrocarburos monopólicamente a Petropar contaría solo con el apoyo incondicional de los promotores del estatismo, del clientelismo y de empresarios mercantilistas del gigantismo estatal.

Aunque todos estos recursos comparten su origen primario (obtenidos de la naturaleza), con alto valor comercial, “estratégicos” y de alta incidencia en la vida económica del país, tenemos que, particularmente para la comercialización de la hidroelectricidad de ambas binacionales, el Estado paraguayo hace una excepción grosera sobre la anterior lógica económica de asignación; olvida el mecanismo de mercado con licitaciones libres y abiertas como herramienta justa y óptima de asignación y prefiere mantener un arcaico, perjudicial, cerrado y monopolista sistema anticonstitucional (ANDE) para la comercialización de este recurso.

Esta inexplicable doble vara estatal acerca de la asignación para la comercialización de los recursos naturales ocasiona enormes perjuicios económicos a la ciudadanía, tremendas pérdidas de beneficios al Estado, escamotea oportunidades de crecimiento a todo un país que debe resignarse en recibir un pésimo y sobrevalorado servicio. Permite que unos pocos aprovechados, que enarbolando el discurso chauvinista del nacionalismo, acrecienten sus patrimonios particulares.

La incidencia de los hidrocarburos (38%) en nuestra matriz energética de consumo es muy superior al de la electricidad (16%) por lo que resulta paradójico el hecho de que la participación privada en la explotación y comercialización del recurso natural con mayor importancia en nuestra matriz de consumo tenga alfombra roja, mientras que el recurso natural hidroeléctrico binacional, de menor importancia relativa, la participación para la gestión comercial privada es considerada propio de piratas vendepatrias o un acto de traición. No hay ninguna lógica detrás de este contrasentido irracional, sino simplemente una expresión ideológica transnochada, muchas veces interesada, pero a la par este sinsentido implica una tremenda pérdida por costo de oportunidad de al menos US$ 30 millones mensuales.

La Comercializadora Nacional de Energía de las Entidades Binacionales (CONEBI), por medio del mecanismo de la licitación pública internacional, en un ambiente de libre concurrencia, asignará los numerosos bloques de suministro eléctrico adquiridos a quienes mejor lo valoren, quienes por obligación contractual deberán vender en territorio paraguayo toda la energía superior a la garantizada o secundaria con un precio 8 veces menor a la firme (caso Itaipú), que hoy ayuda a desarrollar al Brasil porque Paraguay decide cederla voluntariamente en un 50%. La energía no consumida será vendida en el mercado de nuestros socios vecinos, tal como lo prescriben ambos Tratados.

Esta posibilidad de licitar TODA la energía paraguaya disponible en ambas binacionales no tiene ningún impedimento legal, ni técnico.

Como se mencionó previamente, el mayor obstáculo proviene de inmemoriales atavismos culturales, de irracionales voces paraguayas que motivadas por infundadas creencias ideológicas prefieren dejar pasar maravillosas oportunidades de desarrollo y dilapidar US$ 30 millones mensuales con tal de impedir la “privatización” de la hidroelectricidad de las binacionales que consumimos en nuestras industrias y hogares privados.

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