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No es la primera vez que pobladores de Canindeyú, literalmente, pierden la cabeza al estrellarse contra la parte trasera de un camión que circula por la Ruta X o por la Supercarretera sin las mínimas condiciones. No tienen luces, apenas se mueven y paran en cualquier lugar.
La responsabilidad en cualquier accidente es compartida en la mayoría de los casos, pero la obligación de prevenirlos es del Estado. Y es ahí donde todo empieza.
Si bien la institución creada para controlar el tránsito por las rutas del país es la Patrulla Caminera, también la Policía Nacional y la Municipalidad están autorizadas por ley a actuar para prevenir un mal mayor. Sin embargo, en lo único que todos ellos coinciden es en la percepción de la coima para hacer la vista gorda.
En la zona de Canindeyú se conocen incluso casos en que los patrones de aserraderos, estancias, silos y otros pagan propinas mensuales para que sus camiones destartalados no sean tan siquiera mirados por los inspectores. Otros no pagan precisamente en efectivo, sino con favores políticos. “No molestes a mis amigos y te mantengo en tu puesto”.
En cualquiera de los casos, no solo se negocia la dignidad que debería tener un servidor público, sino se está comerciando la vida de la gente.
Un camión destartalado que circula con el salvoconducto de un caudillo político o el dinero de un empresario inconsciente termina convirtiéndose en la muerte segura de un automovilista.
Ojalá se tomen las medidas del caso porque recurrir a la consciencia de nuestros patrulleros y policías de la zona es una pérdida de tiempo. Valdría más una campaña para evitar más muertes este fin de año.
rduarte@abc.com.py