El Parlamento evidentemente estaba influido también por la promesa de Horacio Cartes de que no permitirá que los forajidos del norte marquen su agenda, expresada en su discurso de asunción al cargo el 15 de agosto de 2013. Pasaron casi tres años de aquella decisión y los resultados no son auspiciosos aún cuando se allanaron los dos obstáculos principales: normas inflexibles y escasos recursos para que el presidente pudiera cumplir su promesa.
No es poca cosa lo que el Parlamento concedió al presidente de la República, ya que por mandato constitucional la misión de las FF.AA. se reduce a “custodiar la integridad territorial y a defender a las autoridades legítimamente constituidas”.
Quienes dijeron en su momento que el problema del EPP es competencia de la Policía Nacional, tenían razón visto que la misión constitucional de esta institución es “preservar el orden público, los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes”. Se ocupa además de la prevención e investigación de los delitos.
A todas luces el problema de la violencia utilizada por el EPP en el norte no es un problema de “integridad territorial” aunque sí parcialmente de “defensa de las autoridades legítimamente constituidas”, pero como ya se probó mucho tiempo con la Policía y no hubo solución al problema, se optó por entregar la confianza esta vez a las Fuerzas Armadas, aunque nuevamente con el apoyo de la Policía, de la Senad y todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
En tres años, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creada para combatir al EPP no produjo resultados que podrían marcar la diferencia con sus predecesores, por lo menos sustancialmente, lo que ubica a cualquiera que trate de entender el meollo en la inevitable postura de pensar que los pocos miembros del EPP son unos forajidos extremadamente inteligentes o la FTC es tremendamente inútil por no poder con ellos.
Sabemos que la misión de la FTC no es nada fácil puesto que debe actuar en un contexto que no solamente es hostil y poco colaborativo de parte de una población atemorizada, con tres rehenes, por uno de los cuales ya se pagó inclusive el rescate solicitado que finalmente al parecer fue a parar a manos de otra categoría de delincuentes y no de los captores.
Además, la región delineada como territorio de operaciones de la FTC es prácticamente una zona liberada, donde en vez de la ley rigen la orden, el criterio y a veces el humor de caciques del narcotráfico, aliados con miembros de las fuerzas públicas y a su vez con tentáculos en la élite política y social del país. A todo esto se suman episodios no aclarados aún suficientemente de muertes que afectan a los propios uniformados y que a tenor de las denuncias, se habla de la probable existencia de criminales y delincuentes que habitan en la propia esfera de la FTC.
La fuerza pública y todas las demás instituciones dependientes del Ejecutivo están teóricamente enfrentadas al EPP, pero en tres años no han producido resultado que nos impulse a pensar en un cercano fin de la violencia en el norte.
Es como para creer que finalmente la FTC necesita del EPP, tanto como este necesita de aquella. Las dos organizaciones se consideran enemigas, que sin embargo se sostienen y consolidan en la medida en que se atacan, tanto que podría pensarse maliciosamente que cada una de ellas le debe su vitalidad y energía a la otra para continuar subsistiendo. ¿Es cuestión de sacar a la FTC del lugar? ¿de cambiar de táctica? ¿o de apresurar el desarrollo de la zona? El Senado aceptó el reto de encarar el tema.
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