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Este saludable gesto choca siempre contra una muralla insalvable: la complicidad de los diputados con los corruptos. Cuando se trata de salvar al correligionario, al amigo o al favorecedor, tales parlamentarios se meten en un laberinto de pretextos que ni ellos los creen. Accionan la burocracia para triturar la ley y la ética en la creencia ingenua de que la opinión pública no advertirá la maniobra.
Se da el caso contradictorio de que el intento de esconder un posible delito lo deja al descubierto. Si las cuentas son claras, si no se ha robado ¿Cuál es el problema para que se revisen los papeles? Si los sospechosos fuesen inocentes ¿no querrían demostrarlo lo antes posible? ¿No sería la mejor venganza contra sus acusadores?
Cuando un intendente municipal se opone con furia a los propósitos de los concejales para que se revisen las cuentas, lo primero que salta a la vista es el deseo de mantenerlas ocultas, que los contribuyentes sigan en la ignorancia sobre el uso de su dinero.
Se entiende que un malhechor quiera esconder sus actos. Pero lo que nunca se va a entender es que encuentren tantas personas que le sigan en ese intento. Es más, hasta resulta comprensible que hubiera concejales que acompañen el posible delito, pero no que haya diputados en ese plan perverso de ocultar los hechos. ¿Para qué creen que han sido elegidos? ¿Sólo para disfrutar de un buen salario y todos los privilegios que se dan a sí mismos? ¿No piensan en algún momento que tienen –que deberían de tener– un compromiso con el país? ¿El Paraguay no es de ellos? ¿No deberían cuidarlo? ¿No saben que tienen un compromiso con el país que tan bien les atiende? ¿Se puede ser tan ingrato en olvidar de donde les viene el beneficio que disfrutan y quién los paga?
El pretexto de Diputados para no autorizar la intervención es al solo efecto de cubrir al poderoso matrimonio de Ciudad del Este, que administra una cuantiosa y ostentosa fortuna. Y detrás de los Zacarías Irún se salvan los demás intendentes denunciados. Al mismo tiempo, los parlamentarios debilitan a la Junta Municipal al desconocer su función. Si una mayoría de concejales resolvió solicitar la intervención con la debida documentación ¿por qué no se le ha de dar curso? Son los concejales, y no los diputados, los responsables, con el intendente, de la administración de cada municipio. Los concejales representan los intereses de la comunidad y esta tiene derecho a saber el destino de su dinero. ¿Por qué se le ha de negar este derecho?
De acuerdo con los documentos que manejan las Juntas Municipales que piden la revisión de las cuentas de las respectivas Intendencias, totalizan sumas multimillonarias que posiblemente se han sustraído de los bolsillos de los contribuyentes. Se especifican obras que no se construyeron, pero en los papeles se pagaron por ellas; sobrefacturaciones escandalosas; compras indebidas, etc. La lista es larga.
¿Tenemos que herir a nuestra democracia –ya bastante malherida– al permitir que gane la corrupción? ¿Son tan poderosos los intereses políticos o económicos, o ambos a la vez, que impiden a los contribuyentes conocer el destino de su esfuerzo? ¿Tienen que seguir estos contribuyentes des- lomándose en el trabajo honrado para alimentar a los corruptos? ¿Son tan pocos los diputados preocupados por el país que no pueden contra los otros que solo buscan su acomodo con los poderosos? ¿Se hacen llamar representantes del pueblo y dan la espalda a ese pueblo que los ha elegido? ¿No pueden atender sus reclamos? Reclamos modestos y justos como los de los concejales que desean mostrar a su comunidad el uso de su dinero. Eso es todo, es muy poco. Bueno, muy poco desde la perspectiva honesta, pero por lo visto hay un abismo entre el justo pedido de la gente y los intereses de los diputados.
La gente quiere políticos honestos, pero vota a políticos corruptos.
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