Racional propuesta de distribución de la renta eléctrica

Todos sabemos que la energía eléctrica es el energético más utilizado en el mundo y que juega un importante papel para el desarrollo social de los pueblos; además de ser un elemento esencial para el avance tecnológico e industrial de los países. La electricidad tiene un papel vital en la vida del ser humano, ya que con ella es posible lograr una serie de comodidades, que con el transcurso de los años fueron haciéndose indispensables para el hombre. Si así no fuese, imaginémonos cómo sería un día de la vida de una persona sin energía eléctrica.

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De ahí que la inédita y racional propuesta de promover la utilización de este extraordinario recurso, que disponemos en abundancia, mediante la reducción de tarifas para los usuarios más humildes y reduciendo las facturas a las industrias que generen empleo de calidad, no deja de ser plausible.

En la propuesta a que hacemos referencia se considera la energía eléctrica como un derecho humano y un factor de desarrollo, propone tarifas reducidas para las familias con menores consumos con el fin de promover el desarrollo de estas en lo económico y social. En ese sentido, concretamente, los usuarios con consumo de energía eléctrica de hasta 150 kWh/mes, 30% de las familias, pagarán máximo 5.000 G/mes, 90% menos de lo que ahora pagan; los que consumen entre 151 y 300 kWh/mes, otro 30% de las familias, abonarán un máximo 25.000 G/mes, 75% menos; y la clase media, que consume entre 301 y 500 kWh/mes, además todos los usuarios que optimicen el uso del recurso en los horarios de punta de carga, serán beneficiados con tarifas más favorables.

La propuesta también considera a las industrias y empresas que generen empleo permanente y de calidad, las que serían beneficiadas con un descuento en sus facturas por consumo igual al aporte patronal al IPS, pudiendo llegar a tener una tarifa eléctrica incluso gratuita.

Los estudios realizados estiman que el costo de estas reducciones tarifarias rondará US$ 60 millones, que la ANDE dejará de recibir por año; sin embargo, este monto representaría apenas el 7,5% de sus ingresos totales, pero que beneficiaria a aproximadamente al 78% de los usuarios, ya que estos consumen menos del 30% de la energía total consumida en el Paraguay.

Para la obtención de estas metas se propone hacer que la ANDE tenga plena autarquía, como tuvo antes; dispondrá de un porcentaje de la renta eléctrica, beneficios por exportación, compensaciones y royalties, exclusivamente para la inversión eléctrica, con lo que mejorará significativamente la calidad del servicio, reducirá las pérdidas, la cantidad y duración de los cortes de energía y alcanzará el 100% de cobertura en 2023, priorizando comunidades indígenas; también contratará más personal técnico capacitado en forma permanente, fortaleciendo sus cuadrillas para mejorar el mantenimiento de sus redes y afrontar mejor las emergencias, implementará redes inteligentes, impulsará la eficiencia energética y la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.

Ya el mayor costo se compensará mediante el cumplimiento del Acuerdo Lugo-Lula del 2009, que en su Art. 7º establece que Paraguay (la ANDE) “no deberá sufrir perjuicio global en relación a la actual modalidad de contratación” de energía.

Por sí sola, esta contratación de potencia y energía de Itaipú, en mejores condiciones, permitiría financiar en gran medida las reducciones tarifarias señaladas. El segundo ahorro vendría de la reducción del uso de la energía en las horas de máxima demanda. El tercero se daría por la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, al formalizarse familias que antes no podían pagar la luz y al bajar la punta de carga del sistema, por menores pérdidas técnicas. Con estas medidas indicadas, la ANDE ahorraría en torno a 88,38 millones US$/año, mucho más de lo que la ANDE dejará de recibir por la reducción de tarifas, que llegarán al 78% de sus usuarios.

La propuesta incorpora otras medidas que no fueron incluidas en el cálculo anterior y que son las siguientes: el despacho optimizado de la energía, incluyendo en el cálculo los costos financieros de los retrasos de pago por parte de Argentina, el ajuste del precio de exportación de energía de Acaray, el cumplimiento del Anexo C en Yacyretá y la contratación del 100% de su potencia, la sincronización de Itaipú y Yacyretá, eficiencia energética, compensación de energía reactiva en forma distribuida en el SINP, 50% de la generación extraordinaria por el uso del agua del embalse para Paraguay y su venta a precio de mercado. La propuesta, muy consistente, demuestra que con voluntad política y buena gestión en los organismos involucrados en la administración de la mayor riqueza que posee nuestro país, la energía eléctrica, es posible hacer llegar sus beneficios directamente a los usuarios, en especial a los más carenciados, quienes consumen apenas el 30% del total de la energía eléctrica en el Paraguay. La soberanía hidroeléctrica debe beneficiar a todos los ciudadanos de nuestro país.

(*) Presidente AISEP

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